Después de celebrada la Convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y cuando se esperaba la fecha de proclamación, la Junta Central Electoral (JCE), provocó la suspensión de los resultados y posposición de esta, frente a lo cual, la dirigencia del partido decidió “analizar en lo interno”, con una convocatoria a la Comisión de Conflicto a fin de buscar soluciones.
Aunque Virgilio Bello Rosa, delegado del PRD ante la JCE, condena la decisión del tribunal y entiende que se “lesiona el derecho fundamental al debido proceso de ley, además de causar daños y perjuicios a los derechos de institucionalidad”, las cosas van ya por ese camino, según la impugnación elevada por Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, así como por otros dirigentes perredeístas a los resultados de las elecciones internas efectuadas el pasado 27 de septiembre.
El análisis no se enfoca simplemente hacia la suspensión de la juramentación de los dirigentes nacionales y municipales elegidos por el PRD en su Convención Nacional Ordinaria, sino al letargo o error de “no darse cuenta” antes que la JCE y entre ellos mismos resolverlo todo.
No se trata tampoco de estimar que la razón es del uno o del otro y que la Junta actúe o no de acuerdo a lo que proclama la Ley. A estas alturas del juego, la indignación de los dirigentes perredeístas dan al traste con las posiciones encontradas de sus militantes y lo que sale a la luz es que un tribunal electoral debe decidir y no la voluntad interna de esa organización.
Algo así como si la desunión, incomprensiones e incongruencias hubiesen cerrado ¿por un tiempo? las puertas del diálogo y las comprensiones entre los miembros del partido de la oposición.
