El incremento de jóvenes en los caminos de la delincuencia, en todas sus variantes, se ha visto incrementado gradualmente en todo el mundo y República Dominicana no es la excepción; ya que este flagelo es producto de la falta de valores, integridad familiar y las escasas oportunidades que ofrece la sociedad y las autoridades.
El alto índice de jóvenes que cometen actos vandálicos en las calles de todo el país, está creciendo vertiginosamente. Según datos ofrecidos por la Policía Nacional, la mayoría de los delitos que cometen los menores son robos, asaltos, venta de drogas y porte de armas de fuego de fabricación casera, principalmente.
Cada día más personas son víctimas de violencia a manos de menores que delinquen por las calles; circunstancia que ha hecho que diferentes esferas de la vida civil y militar destapen una caja de Pandora al considerar que sea revisado y modificado el Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14 -94).
Varios legisladores como es el caso de la vice presidenta del Senado, Cristina Lizardo, quien anunció el sometimiento de un Proyecto de Ley de Pandillas con el cual pretende corregir la situación judicial de los menores que cometen crímenes y delitos.
Igualmente, el senador Wilton Guerrero, dijo que presentará un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal, el Código del Menor y la Ley de Drogas, que según el legislador hasta ahora favorecen más a los delincuentes.
Un equipo de DominicanosHoy.com se trasladó hasta las oficinas de la procuradora fiscal adjunta de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobal, para conocer su punto de vista en el tema.
Tobal dijo que un cambio en la Ley, no garantiza que se elimine los actos vandálicos. “Los legisladores deben abocarse primero a estudiar los tratados internacionales y conocer a fondo el código, ya que los países que han endurecido la pena no han resuelto sus problemas de delincuencia”.
Al ser cuestionada sobre la poca sanción que se dicta a un menor luego de haber cometido cualquier tipo de crimen, en especial cuando solo se le dicta treinta días de coerción después de haber cometido un homicidio. La fiscal manifestó que se tiene una idea equívoca en el tema de las sanciones coercitiva.
“La Ley 136-03 establece que el juez especializado o de la instrucción manda al supuesto victimario a un centro de atención para jóvenes conflictivos, por treinta días hasta que el Ministerio Público complete el proceso de investigación. Una vez terminado el proceso ese joven pasa hacer juzgado en el tribunal de primera instancia especializado en niñez y adolescencia. Una vez el juez de fondo conoce el expediente y el magistrado dicta la sanción correspondiente al hecho cometido”.
Las sanciones que se pueden aplicar según la Ley son de cinco años. El artículo 327 de la Ley 136-03 define que los tipos de sanciones a los que se puede someter son: sanciones socio educativas, ordenes de orientación y supervisión, obligación de realizar algún tipo de trabajo.
Así como Sanciones privativas de libertad, privación de libertad domiciliaria, libertad durante el tiempo libre o semi-libertad, la privación de libertad en centros especializados para esos fines.
La fiscal abogó para que la sociedad se preocupe más en hacer algo antes y no después que un joven comete el hecho. “La mejor solución al conflicto es crear programas de prevención para evitar que caigan dentro del sistema penal juvenil, dándole más oportunidades”.
La representante del Ministerio Público apuntó que ese no es el único asunto que debe preocupar, sino el caso de las pandillas y las drogas. Situación altamente alarmante por la que pasan cientos de jóvenes.
”El 75% de los jóvenes que están en los centros de rehabilitación han consumido algún tipo de estupefaciente o han incursionado en la venta y distribución de esta”. Por lo que hizo un llamado a los organismos nacionales que tienen que ver con la persecución del crimen, para que fortalezcan los trabajos en contra de este flagelo.
”Hay que trabajar a nivel nacional, ya que solo se habla de la labor contra el narcotráfico en el exterior. Mientras que en el interior de los barrios del país se encuentran los puntos de drogas como se encuentran los colmados y los comadones”, apuntó la magistrada
Familia disfuncional, falta de oportunidades y desempleo
Los jóvenes que provienen de hogares disfuncionales son más propensos a incurrir en actos vandálicos; desentendimiento falta de cuidados, falta de disciplina, abandono, maltratos, entre otros causan heridas que dejan cicatrices en sus corazones y sus mentes produciendo angustias, nerviosismo y perdida de autoestima.
Estos resentimientos pueden transformarse en agresividad contra si mismos o contra otros. La falta de apoyo familiar es la principal causante de que busquen ser aceptados y respetados en grupos de pandillas que rondan en las calles o volverse dependientes de los narcóticos con los que evaden la realidad.
Hay que orientar a los padres, muchas veces los hijos andan en mal camino y los padres no lo perciben. El problema de las pandillas le crea la ilusión de ser más poderosos y encuentran un supuesto apoyo que no hallan dentro del seno familiar.
Otro factor agravante para que las garras de la prevaricación lleguen hasta la juventud y se encaminen en el mal es la falta de oportunidades y de empleo. Tal es el caso de los que tiene que salir a las calles a trabajar para ayudar con el sustento de su familia. Estos están más propensos a involucrarse en el bajo mundo del crimen ya que no cuentan con supervisión directa ni con la suficiente capacidad de resistirse a los ofrecimientos que le puedan hacer depravados y corrompidos.
A favor de la modificación del Código
El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez es uno de los que se muestra a favor del Código del Menor, al considerarlo “complaciente” con los jóvenes que cometen crímenes; además, señaló que se deben aplicar mayores sanciones contra los que incurran en algún delito.
De su parte, el jefe de la Policía Nacional (PN), Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entiende que debe ser modificado, para que el Ministerio Público tenga la facultad de aplicar sentencias proporcionales a los acusados de delitos graves que sean menores de edad.
Asimismo, el senador por la provincia de Samaná y ex fiscal del Distrito Nacional, Prim Pujals, favorece la modificación del Código del Menor para que los adolescentes involucrados en delitos graves reciban penas iguales que los adultos.
Al igual que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien llamó a todos los miembros de la sociedad civil y estatal a revisar las disposiciones del Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
A esta se une el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, quien considera como preocupante la cantidad de menores que actúan dentro del narcotráfico y del crimen organizado. “Es urgente modificar el Código del Menor", dijo.
Otra voz a favor de la modificación es la del presidente de Hogar Crea Dominicano, Leopoldo Díaz, el cual consideró necesario la modificación del código de niños, niñas y adolescentes a los fines de que se aumenten las sanciones a los menores de edad que delinquen, ya que estos casos representan un índice muy elevado en la población.
En contra de la modificación del Código
Mientras unos abogan por el cambio, otros se oponen, rotundamente, como es el caso de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que la modificación del Código no es la mejor opción. Sino aumentar la inversión social en programas que generen oportunidades para los adolescentes y que apunten a prevenir la delincuencia.
Igualmente, el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, piensa que endurecer las sanciones para los menores significaría que el Estado ha perdido la batalla de adecuarse a nuevas mentalidades, a nuevas formas de pensar y actuar.
El secretario de la Presidencia, miembro de la comisión para la revisión del Código Procesal Penal, César Pina Toribio, entiende que si se va a revisar el Código del Menor debe hacerse con cuidado y sin dejarse llevar por las pasiones del momento, “algunas de esas demandas de revisión pueden estar estimulada por una sensación de pasión de los hechos por el auge del microtráfico”.
A esta postura se une el director de Casa Abierta y el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, Juan Aníbal Rodríguez.
