La aspirante a Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán, sugirió la creación de un observatorio de derechos humanos integrado por Defensoría del Pueblo, ONGs y una comisión del Congreso
La instalación de oficinas de derechos humanos en cárceles del país es innecesaria, “un desatino” que está “fuera de lugar” y sería una carga burocrática más para el Estado, afirmó este miércoles la aspirante a Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán, quien sugirió que se usen las instituciones existentes para hacer cumplir con la ley que protege a las personas privadas de su libertad.
En tal sentido, Guzmán favoreció que la defensa de los derechos humanos en las cárceles sea manejada por un observatorio distinto, independiente, como serían la Defensoría del Pueblo y una comisión del Congreso de la República, no por una oficina de la Procuraduría que terminaría siendo juez y parte frente a cualquier violación.
Sostuvo que la referida medida de la Procuraduría “mueve a reflexión”, ya que según dijo, por un lado se estaría admitiendo la comisión de violaciones a los derechos humanos a la población privada de libertad.
Advirtió que, por el otro lado, se estaría presentando una solución con más burocracia y “observadores” que son “el problema”, no la salida propiamente vista desde la óptica institucional.
“Ahora bien, si se desea trabajar en transparencia y cumplimento de la Constitución y las leyes, permitan entonces un observatorio permanente adicional encargado por la ley, integrado por una institución distinta que esté fuera de sus respectivas estructuras organizacionales, como perfectamente lo sería la presencia de la Defensoría del Pueblo”, subrayó Guzmán en una nota.
La exprocuradora fiscal indicó que en ese observatorio estarían también la comisión permanente de Derechos Humanos del Congreso, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) de Derechos Humanos de reconocida solvencia moral, que deseen dar seguimiento al trabajo de cumplimiento de las garantías a los derechos humanos en todos los recintos penitenciarios del país.
Para esta aspirante la defensoría del pueblo, “nuestro sistema penitenciario no necesita más funcionarios ni entidades, ya tenemos a la Dirección de Prisiones y el Juez de Ejecución de la Pena, que no deberán hacerse de la vista gorda, pues son funcionarios de garantías, de cumplimiento a los derechos humanos y garantías fundamentales de los (as) internos (as)”.
“De ahí que dicha medida, de establecer oficinas de Derechos Humanos no es más que un desatino, y una mala administración de los recursos”, puntualizó la aspirante a Defensora del Pueblo.
Llamó a obligar a los funcionarios del sistema a cumplir con la voluntad de la ley, en vez de crearse más entes burocráticos en el Estado dominicano.
