El Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, consideró este lunes que si bien el aumento de la pena puede ser un disuasivo para que los menores de edad no participen en actos delictivos, la medida no debe ser asumida como una respuesta mediática.
Manifestó que el estudio de la criminalidad en la que participan menores tiene múltiples causas, citando entre otras las desigualdades sociales y el aumento del tráfico de armas y drogas principalmente en los sectores más empobrecidos.
“Es posible que si se sanciona con mayor drasticidad la participación de menores en actos delictivos, muchos lo piensen dos veces antes de incurrir en acciones delincuenciales, pero esto no debe ser asumido con el propósito de hacerse gracioso a requerimientos de esta naturaleza”, dijo el funcionario judicial.
Moscoso Segarra expresó que este tipo de problema social no es exclusivo de la República Dominicana, sino de la mayoría países del hemisferio, “por lo que no se deben tomar medidas para salir del paso al problema”.
Dijo que la respuesta a la criminalidad en sentido general debe basarse en el apresamiento lo antes posible de los responsables de participar en actos delitos, someterlo a la justicia y que ésta aplique las sanciones de lugar.
El fiscal del Distrito Nacional reconoció que el Código Procesal Penal deber se modificado, pero en aspectos puntuales, de manera que sea desvirtuado, poniendo como ejemplo el plazo para realizar los sometimientos, “obviando el andamiaje jurídico que se sigue en un proceso.
Indicó que en muchas ocasiones el descargo de determinados acusados de participar en actos delincuenciales puede servir de estímulo para que aumente la criminalidad, lo que dijo se combate articulando mecanismos de prevención.
Sostuvo que los homicidios en el Distrito Nacional han disminuido en un 24.5%, pero que la percepción es mayor que la realidad criminal que se registra, lo que atribuyó a las permanentes denuncias en los medios de comunicación.
Fiscales en política
Por otra parte, Moscoso Segarra se pronunció de acuerdo con el señalamiento externado por el Procurador General de la República, doctor Radhames Jiménez Peña, en el sentido de que los fiscales titulares y adjuntos que aspiran a puestos electivos deben renunciar a sus funciones.
Recordó que los miembros del Ministerio Público se rigen por un reglamento que les prohíbe participar en actividades políticas partidarias, principalmente aquellos que no pertenecen a la carrera.
Ayer, el procurador general, advirtió que no le hace bien a la institucionalidad del Ministerio Público que 79 fiscales del país que aspiran a ser senadores, diputados y síndicos deberán separarse del cargo.
"Ahora, si son fiscales que no pertenecen a la carrera, que no van a tener una permanencia indefinida en el Ministerio Público, pudiera participar, pero tendrían que solicitar una licencia", agregó.
Al respecto, el fiscal del Distrito dijo que de los 140 fiscales adjuntos con los que trabaja, el 98% están la carrera judicial, protegidos por el estatuto del Ministerio Público que les da las garantías en el desempeño de sus funciones.
