Defensores de Los Haitises siguen poniendo a circular en Internet cartas enviadas al ex ministro de Medio Ambiente de Colombia, Juan Mayr Maldonado, que forman parte de un rosario de cuestionamientos a su gestión, y que al mismo tiempo lo descalifican para evaluar la viabilidad de la cementera en Gonzalo.
Mayr Maldonado fue designado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país para evaluar la viabilidad de la cementera en Gonzalo, Monte Plata, a sugerencia del presidente Leonel Fernández.
En otra misiva enviada a Mayr Maldonado esta vez por el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Edgar Polo Flórez, se le acusa de otorgar un permiso para la construcción de más muelles carboníferos en la franja de playa de Santa Marta y Ciénaga (Magdalena).
Al mismo tiempo, Edgar Polo Flórez le advierte a Mayr Maldonado que es improcedente que se efectúen operaciones en el manejo de carbón mineral dentro de la ciudad, por los males que podría generar.
La carta suscrita por el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta considera que, definitivamente, son mucho mayores los perjuicios que acarrea esta actividad a la ciudad, sobre el posible rendimiento económico, que se logre generar.
Mientras que el periódico digital eltiempo.com de Colombia publicó el Viernes 28 de junio de 2002, la respuesta de Mayr Maldonado a la carta de la de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
“El ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, negó que su despacho haya otorgado permiso para la construcción de más muelles carboníferos en la franja de playa de Santa Marta y Ciénaga (Magdalena)”, dice el digital.
Santa Marta es una ciudad colombiana, capital del departamento de Magdalena, en la Región del Caribe. Una carta anterior puesta a circular, revela que Mayr Maldonado atentó contra las comunidades indígenas en el 2002.
Siendo Mayr Maldonado, ministro de Medio Ambiente de Colombia en el 2002, las comunidades indígenas le criticaron duramente haber dado permiso durante su gestión para la instalación en sus tierras de una petrolera.
En el 2002, los indígenas escenificado una batalla con el ex ministro de Medio Ambiente colombiano, enviándole, incluso, comunicaciones, una de las cuales Ramón Emilio Colombo, defensor del medio ambiente, ha puesto a circular en la República Dominicana.
“Lo que usted está haciendo no es el pensamiento de nosotros. Nosotros amamos la tierra y la naturaleza, no para el capitalismo, que los indígenas no nos beneficiamos de nada de ellos. Queremos la tierra para vivir de forma armónica con la naturaleza”, dice uno de los párrafos de la carta de los indígenas.
Los indígenas, en la misiva, les piden respetuosamente a Mayr Maldonado “si usted aprendió algo de las cosas buenas de nosotros, estamos en espera de que las ponga en práctica ahora que está de ministro nacional”.
“Queremos que nos ayude a resolver los problemas territoriales de medio ambiente y ecología, estamos asfixiados y desesperados”, sostiene otro párrafo de la carta y que se titula: “Colombia, la puerta de un genocidio patrocinado por el ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado”.
Asimismo, acusaron a Mayr Maldonado de que “valiéndose de la tecnología del Internet realizó una amplia campaña de desinformación en lo referente a la problemática de los indígenas en varias de sus poblaciones”.
Manifiesta la misiva que “frente a la empresa Petrolera Oxidental de Colombia Mayr Maldonado hizo creer que el problema estaba solucionado, que se había surtido la consulta y concertación con los indígenas y que las justas reclamaciones de los pueblos eran expresiones de minorías o fracciones que se oponen al desarrollo del país”.
La pretendida instalación de la cementera a cargo del Consorcio Minero Dominicano ha sido objeto de una amplia oposición en sectores ecologistas y de la sociedad civil dominicana que consideran que su operación dañará el parque nacional Los Haitises, una reserva acuífera y medioambiental del país.
La disputa entre la minera y sus opositores fue llevada por estos a la justicia que ordenó la paralización temporal de los trabajos de construcción de la fábrica. A raíz de la decisión judicial, el presidente Leonel Fernández, anunció que buscaría la opinión técnica del PNUD.
El Gobierno de Fernández ha defendido la instalación de la cementera bajo el argumento de que su ubicación está fuera de los límites del parque nacional Los Haitises, ubicado al este del país.
