El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, consideró este viernes que los jueces que conocieron los acuerdos con los cuales fueron dejados en libertad los femenicidas de Anibel González y Juana Domínguez, al igual fallaron al sistema.
“Habíamos establecido formalmente y por escrito una prohibición de acuerdos ante tentativa de homicidio, y esa prohibición fue violada por familiares, por abogados, notarios, fiscales, jueces que fallaron al sistema y hoy se encuentran bajo arresto algunas de estas personas”, aseguró.
Durante la presentación de los avances del Plan Nacional Contra la Violencia de Género en el 2019, Rodríguez informó que habían prohibido formalmente los acuerdos cuando se tratara de intento de homicidio y que esta restricción fue violada por miembros del Ministerio Público y otros actores del sistema, de los cuales dijo, fracasaron en su función.
Afirmó que el proceso penal contra la suspendida titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien guarda prisión preventiva, y la suspensión del procurador fiscal de ese municipio, Pedro Núñez Jiménez, es fruto del régimen de consecuencias para el personal que trabaje con este tema que viole las normas.
“Por primera vez en la historia se está aplicando un régimen de consecuencias ante el incumpliendo de las normas, lineamientos y parámetros establecidos”, expresó.
El funcionario explicó que dentro de las consecuencias para quien no cumple con las normas que rigen la materia se encuentran amonestaciones, suspensiones, procesos disciplinarios y hasta penales.
El magistrado manifestó que para reducir a su mínima expresión casos como este se instruyó a fiscales de todas las provincias por escrito a que cumplieran las disposiciones que garantizan la protección de las víctimas de violencia de género al momento de la denuncia.
