Tegucigalpa.- El gobierno desafió el miércoles el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.
Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.
"No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos", declaró el miércoles a la radio colombiana La FM. "Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema", señaló.
En una rueda de prensa en Tegucigalpa, Micheletti aseguró que "ya se encuentra en Washington una misión para presentar la verdad de lo que sucedió en el país, debidamente documentada", aunque no identificó a los miembros del grupo ni con quiénes se encontrarían.
El canciller Enrique Ortez Colindres, sin embargo, dijo el ser consultado telefónicamente por la AP que no hay ninguna misión en Washington, pero que el embajador hondureño en Estados Unidos Roberto Flores ha sido convocado para consultas y se espera que llegue en las próximas horas a Tegucigalpa.
Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una "alerta migratoria" con la que esperan que Zelaya sea "capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado".
En Tegucigalpa, unos 700 simpatizantes de Zelaya se congregaron en las inmediaciones del palacio presidencial, muchos con los rostros cubiertos y armados con ramas de árboles, tubos de metal y botellas de vidrio llenas con gasolina. La policía se mantenía en el lugar, pero no se había registrado ningún incidente con los manifestantes.
"El pueblo de verdad está con él (Zelaya), la gente pobre y en este país somos muchos los pobres", dijo Javier Santos, un trabajador agrícola de 30 años.
Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti. La televisión mostró imágenes en Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.
"Fue una demostración popular impresionante. Nunca había visto tanta gente gritando por la paz y la democracia para nuestra nación", dijo a la estación HRN Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, a unos 120 kilómetros al sur de Tegucigalpa.
Ortez afirmó que en el gobierno "no queremos intervenciones de ningún organismo internacional ni que una persona defenestrada (Zelaya) regrese como presidente".
Micheletti llamó a los presidentes que intentan acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras que "no intercedan en asuntos que no les corresponden".
La portavoz de la fiscalía hondureña, Lorena Cálix, dijo a la AP que hasta el momento los únicos cargos contra Zelaya son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución, lo cual podría traducirse en "al menos 20 años" de cárcel.
Zelaya, depuesto el domingo por comandantes de las fuerzas armadas, había dicho que volvería el jueves a Honduras acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, aunque la madrugada del miércoles anunció que postergará su retorno a Honduras para el fin de semana, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.
Micheletti, quien asumió el domingo el poder por disposición del Congreso, ha iniciado una ofensiva diplomática para bajar la tensión internacional hacia el país. Las fuerzas armadas y la policía mantenían una visible presencia en la capital y las principales ciudades y carreteras del país.
La noche del martes, en medio del toque de queda, se reportó la explosión de "bombas caseras" fuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia y en la Radio América, sin que se produjeran daños.
La crisis en Honduras se desató por la convocatoria de Zelaya a una "consulta popular" el 28 de junio que integraría una Constituyente para reformar la ley fundamental, la que la oposición consideró que usaría para reelegirse pese a estar prohibido en la Constitución. Ese día Zelaya fue depuesto.