El encartado en el caso de los sobornos que la Odebrecht pagó en República Dominicana a cambio de la adjudicación de obras del Estado, Víctor Díaz, solicitó este lunes un auto de No Ha Lugar a la acusación del Ministerio Público, lo que basa en que los cargos que se le imputan ya fueron investigados y archivados por el órgano investigador mediante sentencias ratificadas en las diversas instancias, así como en el Tribunal Constitucional.
Al hacer la solicitud, Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, afirmó que contra él existe una doble persecución, ya que la Fiscalía del Distrito Nacional ya lo investigó por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, declaración jurada e incremento injustificado de patrimonio, entre otros delitos, cuando fue funcionario público.
El pedimento del exministro de Obras Públicas se produjo durante el desarrollo del juicio que le sigue el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, a los siete sometido por el Ministerio Público en el caso Odebrecht.
En la audiencia de este lunes, los encartados presentaron una serie de incidentes, entre estos la anulación de la acusación por entender que está llena de vicios y arbitrariedades.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República se comprometió a responder los incidentes presentados este miércoles, para cuando el juez Ortega Polanco recesó la audiencia preliminar de solicitud de apertura a juicio hecha contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez y Jesús –Chú- Vásquez Martínez.
Entre los incidentes que deberán responder los representantes del Ministerio Público figuran las solicitudes de nulidad de la acusación penal por arbitrariedad en el proceso investigativo, ocultamiento de pruebas, violación al debido proceso y mentir a los imputados.
La defensa de Andrés Bautista dijo que la Procuraduría le mintió al decirle que no tenía listos los informes financieros y otras informaciones que pidieron pero que en las pruebas aportadas al proceso se puede evidenciar que para la fecha que le dieron la respuesta sí tenían en sus manos las informaciones solicitadas.
Los abogados de Bautista solicitaron, igualmente, sobreseer el proceso por considerar que el Senado de la República debe realizar un juicio político a Tommy Galán para determinar si le mantienen o le retiran la inmunidad.
Los consejos de defensa presentaron al juez varias solicitudes de diligencias de investigación, así como de información, al Ministerio Público, autorizadas por el magistrado Ortega Polanco.
De igual manera piden declarar la extinción de la acción penal debido a que basado en las imputaciones de la Procuraduría los delitos imputados; cohecho, falsedad en declaración jurada, enriquecimiento ilícito y soborno, han perimido toda vez que ha transcurrido el plazo máximo de duración, que es de 10 años.
De igual modo la declinatoria del caso al Distrito Nacional por considerar que no existe una ley que establezca que un imputado pierda el derecho a ser juzgado por un juez natural y tampoco el arrastre cuando haya un procesado con privilegio de jurisdicción.
Señalan, además, que el Ministerio Público no establece la conexidad o vínculo entre el senador Galán y los demás imputados, y que tampoco demuestran cómo se configura la asociación de malhechores. No hay imputación precisa de cargos, afirman.
