El anuncio del Gobierno de que entregará a la Junta Central Electoral (JCE), la suma de 1,187 millones de pesos para el pago de la deuda contraída con la empresa Indra Sistema en la compra de los escáneres “inservibles” utilizados en las pasadas elecciones de 2016, cayó como un “balde de agua fría” en la población, sobre todo cuando el proyecto de presupuesto de 2019 contempla otorgar 1,628 millones adicionales para adquirir otros equipos.
Algo que no queda bien claro es si la JCE tiene en mente utilizar los escáneres inservibles (dicho por el mismo organismo), en las elecciones de 2020 y si la defensa a la utilización de tecnología hecha por el presidente de la entidad, Julio César Castaños Guzmán, en Estados Unidos, era referente a los aparatos que se usaron en 2016 o en elecciones pasadas.
A principios de año, el debate se centró en torno al uso de los escáneres adquiridos por casi 40 millones de dólares para las elecciones de 2016 y su posible utilidad para los comicios de 2020.
El Pleno de la JCE determinó que esa tecnología no sería utilizada en las próximas elecciones generales, debido a que tuvieron un “desempeño inconsistente y poco fiable en el universo de los colegios electorales” en el pasado proceso eleccionario; sin embargo, el anuncio de la compra de nuevos equipos crea suspicacia.
Brinco y espanto
Si tomamos en cuenta que el 36% de los colegios electorales no pudo transmitir ningún dato utilizando estos aparatos, no saldremos del espanto; sobre todo cuando el presidente de la JCE, magistrado Castaños Guzmán, destaca el rol de la tecnología y la evolución que ha tenido ese órgano electoral en las últimas décadas, cuando es de amplio conocimiento que los votos, mayormente, se cuenta de manera “manual”, se levanta un acta de manera “manual”, se guarda en una valija y se transporta hacia la junta electoral correspondiente.
La una conferencia dictada en la Universidad de Washington, titulada “Avances Tecnológicos de los Procesos Electorales en la República Dominicana: Experiencias y Desafíos”, el presidente de la JCE hizo énfasis en la importancia de que cualquier implementación tecnológica en órganos electorales depende directamente del consenso, de los recursos económicos y humanos, de la logística, de la tecnología per se y del tiempo.
La utilización de estos escáneres en las elecciones de 2016, que dejaron un sabor amargo en la población, mas cuando se sabe que se gastaron miles de millones de pesos del pago de sus impuestos en la compra de aparatos inservibles que no podrán volver a usarse, constituye a todas luces un expediente digno de ser tomado por el Ministerio Público e iniciar sobre este caso una profunda investigación que asigne responsabilidades a todos los involucrados en el mismo, pues envuelve un monto que ronda los cuarenta millones de dólares, dinero perteneciente a los contribuyentes.
Esto se complica al enterarnos que antiguos miembros de la Junta Central Electoral acaban de complicar aun más este expediente al dar a conocer que la decisión de comprar los escáneres no contó con el apoyo del Pleno, sino que el pasado presidente del órgano electoral dominicano, doctor Roberto Rosario Márquez, fue quien personalmente lo decidió.
La responsabilidad de que se usen o no estos aparatos recae únicamente sobre la población dominicana, que deberá levantar su queja ante los más altos organismos de justicia locales, internacionales y en las calles, estando atenta a cualquier “truquimañería” que intente utilizar quien en la actualidad ostenta el poder, con la finalidad de seguir dirigiendo los destinos de la nación más allá de 2020.
