En análisis anteriores hemos destacado el difícil, delicado y complejo rol de la carrera policial, que es la de más alto riesgo dentro de las diversas funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, también enfrenta otra gran dificultad que se ha convertido en un atentado a la seguridad ciudadana: “la falta de garantías judiciales a las correctas actuaciones policiales”.
Esta situación es, a mi entender, la causa principal de que muchos agentes policiales sientan y manifiesten una sensación de inseguridad o “temor” al verse luego juzgados como si fueran vulgares delincuentes, no obstante haber actuado apegados a las disposiciones legales de actuación policial. A esta situación contribuye negativamente la recurrente agitación que es producida por la presión mediática por un lado, y por el otro, las llamadas organizaciones de derechos humanos, que al final solo contribuyen al aumento de la criminalidad.
En el presente artículo no pretendemos realizar críticas con ligereza al desempeño del sistema judicial del que ellos forman parte, sino más bien, aportar propuestas para el fortalecimiento institucional de los tres principales componentes del sistema judicial -Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional-, lo que de seguro redundará en la eficientización de estas instituciones, contribuyendo al combate efectivo contra la criminalidad y mejorando la política de prevención, con resultados positivos en beneficio de la convivencia social y calidad de vida de los ciudadanos.
Para nadie es un secreto que esta situación de indefensión impacta peligrosamente en la psiquis de los agentes policiales, constriñendo de manera directa a los patrulleros preventivos, así como a los agentes investigadores a llevar a cabo con responsabilidad y firmeza sus respectivas misiones institucionales, lo que a la postre contribuye a incrementar los niveles de delincuencia.
¿Por qué decimos que esto incrementa la delincuencia? Porque los policías podrían omitir reaccionar y accionar ante ciertas circunstancias o hechos delictivos y violaciones a la ley, por la ausencia de reglas claras respecto al trato y procedimientos que recibirán ellos cuando pudieran verse envueltos en escenarios donde tengan que emplear el uso de la fuerza que les confiere el Estado como detentor legítimo del monopolio de esta función, para realizar sus tareas de orden público, que van desde la simple presencia policial hasta el uso de la fuerza letal.
Para evitar esta situación en nuestra jefatura, en razón de que estaba decidido a enfrentar con energía a la criminalidad que abatía a la sociedad en esa época, una de las primeras medidas que ejecutamos, fue la creación de una oficina compuesta por prestigiosos abogados civiles con la orden de defender gratuitamente a los agentes policiales que, en asuntos del servicio, se viesen traducidos a la acción de la justicia, y personalmente daba constante seguimiento a sus casos, demostrando con hechos, que con la misma energía que defendía las correctas actuaciones de los sacrificados policías, con esa misma energía castigaba severamente las malas actuaciones.
En este punto, entendemos necesario aclarar que en los casos de los cuestionamientos de la sociedad por ciertas malas actuaciones de algunos policías, son evidentemente hechos aislados que no obedecen bajo ningún concepto a lineamientos de la Institución, muy por el contrario, se les instruye y tienen por misión, que actúen siempre apegados dentro del marco legal, y en caso del uso de la fuerza, deberá ser escalonada, utilizando la fuerza mínima indispensable para mantener el orden, aún a costa de arriesgar sus vidas si fuese necesario.
abandonados a su propia suerte por jefaturas anteriores irresponsables.
Para nadie es un secreto, que motivado a esos anteriores “jefes” irresponsables, en el seno de la institución del orden, tanto los policías de patrullas preventivas, agentes de investigaciones criminales como de las unidades tácticas de reacción, suele escuchárseles el murmullo de la siguiente expresión: “no quiero meterme en problemas”.
