La Procuraduría General de la República fue apoderada este martes de una querella penal contra la juez presidenta del Tribunal Superior de Tierras, Catalina Ferrera Cuevas y su secretaria Angela Díaz Mejía, acusadas de prevaricación y coalición de funcionarios.
La querella fue presentada por la sociedad Budget Realty SRL, a través de los abogados Ricardo Ayanes Pérez, y Ángel Quezada Galván, Yoel González y Salvador Catrain, quienes piden al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, que solicite a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que designe un Juez de Instrucción Especial para que conozca la medida de coerción en contra de las imputadas.
Solicitan, además que sean condenadas al pago de 75 millones de pesos, como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados por su acción ilícita e ilegal, así como al pago de una indemnización supletoria de 2.5% mensual, a partir de la interposición de la presente querella.
De acuerdo al abogado Salvador Catrain, la magistrada pernocta con frecuencia en una villa ubicada en el proyecto La Estancia Golf, donde el doctor Juan Alfredo Ávila Güilamo, tiene su vivienda familiar además de su oficina de abogado.
Los abogados sostienen que “Por la intromisión indebida en este caso de tierras de Mariano Germán Mejía, y sus hijos, Pavel Germán Bodden y Fadel Germán Bodden, quienes asistidos Juan Alfredo Ávila Güilamo, de manera deshonrosa y corrupta, han llevado a la nombrada Magistrada a comulgar con los intereses en justicia del Central Romana Corporation, Ltd.
En la querella también precisan que la magistrada Ferrera Cuevas, tiene bajo su control y se traslada permanentemente en dos vehículos. Uno de ellos marca Toyota, asignado por la Suprema Corte de Justicia, y el otro marca KIA, propiedad de ella y su esposo, Lorenzo Batista De Los Santos, no obstante este último tener placa de exhibición.
El otro vehículo es tipo Jeep, marca Toyota, color plateado, año 2008, modelo KUN51L-IKPSY, placa EG 01788, 4 puertas, propietario Suprema Corte de Justicia.
