La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una nueva querella en contra de la empresa Llobregat Arquitectura y Construcción por parte de cinco ciudadanos españoles que desde hace unos años han reclamado la entrega de nueve apartamentos en lo que sería la Torre Marina, ubicada en la calle Eduardo Vicioso del sector Bella Vista, en la capital.
Los afectados propietarios de un solar de unos 2,000 mts2, fueron contactados por los directivos de la constructora Llobregat Arquitectura y Construcción, quienes le propusieron construir una torre de 36 apartamentos con 4 pent-house y a cambio le entregaría nueve apartamentos, pero con el paso de los años todo ha resultado ser una vil estafa, según relatan los afectados, quienes están siendo asistidos por los abogados Brasil Jiménez Polanco, Félix Damián Olivares y César Amadeo Peralta.
De acuerdo a una nota remitida por el abogado Peralta, los ciudadanos españoles se querellaron a través de sus abogados contra la empresa Llobregat Arquitectura y Construcción, Carolina Llobregat Ferre, presidente; José Juan Llobregat, secretario y César Alexis Casado Arias, en su condición de disolutor y liquidador de la misma, lo que dio origen a que los querellantes a través de un entramado societario, perdieran su terreno, los nueve apartamentos y también resultaran demandados por 10 millones de dólares aprovechándose de su condición de extranjeros.
Por este caso, la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del D.N., dictó órdenes de arresto en contra de Carolina Llobregat Ferre, José Juan Llobregat Ferre y César Alexis Casado Arias, quienes son activamente buscados para que respondan por los hechos señalados.
Esta empresa y sus directivos posee otros sometimientos por diferentes hechos atribuidos, casos por los cuales les han sido emitidas medidas de coerción y se espera que los compradores de los 36 apartamentos también recurran ante la justicia, ya que sobre dichos terrenos existen gravadas Litis sobre derechos, hay hipotecas judiciales, convencionales y muchos fraudes que harán muy difícil la solución del caso, ya que involucraría a unos 45 afectados por diferentes tipos penales, según relatan los afectados.
Entre otras empresas afectadas y con procesos abiertos en contra de esta arquitecta se encuentran Cementos Argos, Casa Blanca, en Las Terrenas, y el Banco de Reservas, con unos 6 millones de dólares.
Varios afectados se han quejado del hecho de que la justicia dominicana ha sido “muy permisiva con tantas estafas y que involucran tantos millones de dólares, aparte de que afectan el clima de inversión y la seguridad jurídica, porque no es posible en una sociedad que se respete que esas personas sigan cometiendo esos delitos, mientras se burlan de sus afectados con sus acciones”, apuntaron finalmente.
