El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana. Para tales fines, sometió una propuesta de resolución que asegura al Estado beneficios superiores al 40%.
El esquema financiero incluye estrictos compromisos de preservación ambiental.
Bajo el modelo planteado, el Estado percibirá un total de US$224 millones durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo.
El valor presente de estos yacimientos se calcula en US$561 millones conforme con los precios actuales de los metales y pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.
La empresa solicitante GoldQuest, de capital canadiense y suizo, aceptó retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la Ley 146-71, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años.
Una nota, explica que la concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 5% de las ganancias para la Contribución Municipal dispuesta por la Ley 64-00.
Dice que con el compromiso de la empresa, consignado en una declaración jurada que acompaña el expediente, el Estado estaría recibiendo US$52 millones adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa.
De igual modo, la empresa se comprometió a no usar en sus procesos elementos químicos contaminantes ni las aguas del río San Juan ni de fuentes subterráneas y a explotar la mina con parámetros que produzcan los menores impactos ambientales.
