Desalojados del sector Los Cerros de las Américas, próximo a la Ciudad Juan Bosch, protestaron este miércoles frente al Palacio Nacional en demanda de que se investigue quién o quiénes ordenaron el sangriento desalojo en la referida localidad.
En ese sentido, expresaron indignación y total rechazo al desalojo, que fuera de la Ley, se llevó a cabo contra los moradores esa comunidad, quienes la madrugada del domingo 24 de septiembre fueron sorprendidos por un fuerte contingente policial, que bajo lluvia y a punta de fusiles y escopetas les hicieron salir de sus hogares, los cuales fueron demolidos de inmediato con palas mecánicas.
Cipriano Morales Santos, afectado por los desalojos y quien fungió como vocero de unos 50 afectados, denunció que desde el 2010 vienen recibiendo atropellos y desalojos de esa misma manera.
En medio del terror, los gritos y la confusión, fue asesinado el teniente de la Fuerza Aérea George Alberto Mateo Ogando, residente en el sector desde hacía más de 15 años; quien se identificó como oficial, y al preguntar qué pasaba recibió como respuesta un balazo en la frente.
“Nuestra vida, algunas familias con más de 20 años, transcurría en armonía, hasta que fue aprobado el proyecto Ciudad Juan Bosch. Nuestras tierras que antes valían muy poco pasaron a ser de gran valor y a llamar la codicia de los insaciables”, apuntó y señaló que desde que inicio el referido proyecto no han tenido tranquilidad.
Dijo que oficiales de la policía afirman contar con el respaldo del Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, incluso del Presidente de la República, Danilo Medina por lo que pueden matar 10 o más personas y no les pasará nada.
“Lo que queremos es pagar… que se nos reabra el cobro. Lo que queremos es que se nos reconozca el derecho y se nos lleve a la tranquilidad, porque tenemos muertos y heridos”, dijo Morales.
Recordó que estos terrenos cuando llegó el proyecto Baninter se hizo con la salvedad de construir 250 mil apartamentos para venderlos baratos y hoy la empresa JBP reclama los terrenos.
Ratificó que alrededor de 42 personas y unas 80 familias están siendo desalojados y que no ha ido autoridad alguna a la zona.
“No cesaremos en nuestra búsqueda de justicia, y ponemos en sus manos lo que ocurra de ahora en adelante. Hemos sido abusados, ignorados y amenazados; los familiares del teniente asesinado han sido objeto de extorsiones y chantaje”, exclamó Cipriano Morales Santos.
