No es necesario que Valerie Julliand, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la República Dominicana, catalogue a la corrupción como el “mal grande que aflige todas las actividades de los países y que por su vulnerabilidad, los pobres son los más afectados”.

El país es un ejemplo palpable de esta afirmación y los políticos, en su mayoría, coinciden en que ese mal avanza en consecuencia con las debilidades de cada quien, a la vez que se pronuncian por dar los pasos correspondientes y que los tribunales examinen las evidencias con el consecuente castigo.

Pero, el asunto declina en una demagogia y corrupción que van de la mano; las personas hablan, hablan, sin que se adopten soluciones, ¿por qué no se conocen más demandas por tales actos bochornosos, en la medida que avanzan los daños que provocan en el país?

Se señalan los actos corruptos, pero no se le ponen nombres y apellidos de los responsables. El código penal lo establece claramente; sin embargo algunos enjuician el tema desde el ángulo de esas instituciones, que no deben depender de directrices centrales a la hora de combatir el flagelo: con una Cámara de Cuentas absolutamente libre en sus actuaciones, un Ministerio Público independiente y una justicia que actúe como Dios manda.

Se precisa que la clase política actúe, porque los niveles de impunidad de instituciones e individuos, lamentablemente, tienen el abrigo o protección de los máximos poderes y no reciben el castigo que merecen.