El doctor Julio Cury declaró que la imprecisión constitucional en torno a la fecha en que el Consejo Nacional de la Magistratura debe sesionar para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia “ha fomentado una atmósfera de incertidumbre judicial”.
Cury explicó que el artículo 275 de la Constitución dispone que sus actuales integrantes deben permanecer en sus cargos hasta que sus sustitutos tomen posesión, “y dado que la Constitución es muda respecto de la fecha en que el Consejo debe deliberar sobre este asunto, ha generado un comprensible desasosiego que, sin embargo, no ha apagado el vigor ni dinamismo laboral de los jueces”.
A juicio del jurista, haber fijado en 75 años la edad de retiro obligatoria de los jueces del más alto tribunal, riñe con el derecho a la igualdad que prevé el artículo 39 de la Constitución, que prohíbe las discriminaciones por razones de edad.
Cury señaló que “se trata de una odiosa prescripción de la utilidad del ser humano íntimamente vinculada a una selectiva presunción de senilidad, pues no afecta al Presidente, ni a senadores y diputados, ni los miembros de la Cámara de Cuentas, ni de la Junta Central Electoral, ni de los tribunales judiciales inferiores, ni a los del superior electoral, ni a los del constitucional, en todos los cuales la condición de juez solo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves”.
Por otro lado, Cury aseguró que aunque el decimoctavo artículo transitorio dispone que este año debieron tomarse las previsiones presupuestarias para asegurar la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos públicos instituidos por la Constitución, “los compromisos financieros de la crecida deuda pública no lo permitieron. Y el ajuste fiscal que el FMI le ha exigido al gobierno como condición para renovarle el acuerdo Stand By en el 2011, muy difícilmente le permita disponer de los necesarios recursos para constituir la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y cubrir sus gastos corrientes que le aseguren operar regularmente”.
Aseguró que a pesar del ambicioso presupuesto del 2010, la Suprema Corte recibió la misma asignación de los cuatro últimos años, “que representa menos de la mitad del monto que le correspondía en virtud de la Ley No. 194-04, lo que explica el atraso en el programa de construcción de nuevos tribunales que tiene en agenda nuestro máximo tribunal judicial”.
