Madrid.- La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, integrada por diez personalidades internacionales, fue constituida hoy en Madrid con el objetivo de obtener la abolición de la máxima pena a partir del cambio en la legislación de los países que actualmente la aplican.
La meta más inmediata, según la declaración que puso en marcha esta comisión en el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno español, es "promover el establecimiento de una moratoria en el uso e imposición de la pena de muerte en todas las regiones del mundo" con vistas al año 2015.
La comisión, impulsada por el Gobierno español, está presidida por el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, y de ella forman parte diez personalidades internacionales más, entre ellas, el Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.
Como otro de sus principales objetivos, la comisión, como señala en la declaración de su constitución, se compromete a "solicitar el fin de las ejecuciones en los casos donde la Legislación Internacional prohíbe o restringe de manera explícita su aplicación".
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo Ejecutivo ha abanderado la creación de la comisión, calificó hoy la pena de muerte como un "espanto", cuya desaparición hará más digna a la Humanidad, dijo.
Zapatero recalcó que, hasta que no se consiga la erradicación de la pena de muerte, no se habrá logrado la extensión total de los derechos humanos.
En ese contexto, explicó que el año elegido, el 2015, es el fijado por Naciones Unidas para el cumplimiento de los denominados Objetivos del Milenio.
Subrayó que esta nueva institución defensora del fin de la pena de muerte va a ser operativa y tendrá "objetivos concretos" tanto de la abolición de ese castigo como de su moratoria.
En esa línea, fuentes del Gobierno español informaron a Efe de que Zapatero ha pedido a los integrantes de la comisión que una de sus primeras tareas sea interesarse por la situación existente en Guatemala, donde en el año 2008 se restituyó la pena de muerte en su legislación.
El presidente del Gobierno destacó la "experiencia y sabiduría" de los integrantes de la comisión, a quienes calificó de "auténticos maestros en la defensa de los derechos humanos".
Por su parte, Mayor Zaragoza recordó que 58 países mantienen aún vigente la pena capital, por lo que no se puede estar satisfechos con la abolición que existe ya en otros 139.
Garantizó que el grupo de trabajo actuará de forma independiente, pero, a la vez, será complementario de la tarea que desarrollan organizaciones no gubernamentales, la ONU y otros gobiernos.
Así, subrayó su compromiso para tratar de conseguir resultados concretos tanto en la suspensión de penas ya impuestas como en la supresión de las ejecuciones en las legislaciones de los países. "Hay que lograr la erradicación total de esta pena inhumana", sentenció.
Además de Mayor Zaragoza y Richardson formarán parte de la comisión el ex primer ministro italiano Giuliano Amato, el ex ministro de Justicia francés Robert Badinter, el ex titular de Asuntos Exteriores argelino Mohammed Bedjaoui y el jurista argentino Rodolfo Mattarollo.
Las cinco mujeres que la integran son la ex presidenta de la Confederación Helvética Ruth Dreifuss, la ex primera ministra de Haití Michèle Duvivier Pierre-Louis, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir; la ex Alta Comisionado de la ONU para los derechos humanos Louise Arbour y la pensadora turca Ioanna Kucuradi.
Esta última, junto a Bedjaoui, Arbour, Badinter, Dreifuss y Mattarrollo estuvieron presentes en La Moncloa en el acto de constitución de este grupo.
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte tiene el apoyo y el consejo de Argentina, República Dominicana, Francia, Italia, Kazajistán, México, Mongolia, Filipinas, Portugal, Sudáfrica, España, Suiza y Turquía.
