Son estos días que finalizan el año 2010, muy movidos y plenos de expectativas para la sociedad dominicana. Ires y venires con el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2011, que la Cámara de Diputados devolvió a la comisión bicameral, debido al voto dividido de los legisladores peledeístas.
Un verdadero irrespeto al Estado de Derecho este incumplimiento de una Ley, la de Educación, que debía ser de mucho más, no de un 4% y aún así se debate y pospone lo incuestionable e indiscutible…
Y mientras los diputados contendían adentro, afuera, frente al Congreso Nacional, el ambiente se teñía con la intensidad del amarillo, que ha dejado de ser color secundario para sustentar la fuerza de un propósito que para nada puede catalogarse de “politizado”, cuando hasta el más reciente político del país que respete su posición, sabe que sin un pueblo educado nada puede lograrse en desarrollo y democracia.
Un debate que vale la pena, dada la realidad; pero que no tiene razón de ser, porque se trata simplemente de un incumplimiento que no puede seguir postergándose. Todavía la primera sala del Tribunal Superior Administrativo procesa el fallo sobre el recurso de amparo de la Coalición Educación Digna a favor de que se cumpla la Ley 66-97 de Educación y se le otorgue el 4% del Producto Interno Bruto.
Tal y como devino en los debates de la audiencia, la voz de la doctora Laura Acosta Lora sintetizó lo que significa una verdad incuestionable: “Lo que pedimos al tribunal no es que le diga al Congreso cómo debe legislar, sino que acate la misma ley y la misma Constitución que el mismo Poder Legislativo discutió y aprobó en ejercicio de sus funciones”.
Aún cuando los abogados de la Cámara de Diputados aleguen “que el Congreso es soberano para legislar y que los recurrentes no pueden, por vía de un tribunal, decirles a los legisladores qué deben aprobar o qué deben rechazar”, tiene que existir una luz que ilumine las memorias y centre las decisiones en lo que el doctor Luis Rivas califica como “anclaje constitucional”, pues la nueva Carta Magna establece, en su artículo 63, que la inversión en educación debe ser “creciente y sostenida”…
¿O es que quienes aprueban la Constitución de la República olvidan que nadie, absolutamente nadie, está autorizado a quebrantarla?
