Una de las principales causas del gran cordón de miseria existente a ambos lados y largo de las riveras del río Osama e Isabela, en la capital de Santo Domingo, es fruto en gran parte del despojo de miles de tareas de tierras que desde el pasado ciclo han sufrido los hombre del campo en las diferentes provincias del país.
El saqueo de la tierra por parte de sectores poderosos, en complicidad con funcionarios de los distintos gobiernos que han dirigido la nación, ha sido provocado la expansión de ese cordón de miseria que se percibe al transitar por los diferentes puentes que unen al Distrito Nacional con las provincias del gran Santo Domingo.
El problema de los desalojos tiene su origen en el país desde la primera dictadura, ya que los dictadores por costumbre y principalmente los de América Latina, se dieron el lujo de apoderarse de grandes riquezas, en especial de las tierras fértiles con vocación para la agricultura y la agropecuaria.
Rebuscando algunos datos sobre la historia del problema de los desalojos, en libro “Del Proceso de Urbanización a la Planificación Urbana de Santo Domingo”, autoría de la doctora Amparo Chantada, basado en un estudio sobre la política urbana del ex presidente Joaquín Balaguer en las diferentes etapas de sus gestiones desde 1986 hasta 1992, donde coloca al Estado y al movimiento barrial frente a ellos y frente a la ciudad, ya que ambos actúan en ella.
La investigación indica que el Estado como organizador y desorganizador, por citar a Antonio Gramsci y el movimiento barrial en situación de resistencia, plantea que esa guerra de posición sitúa lo que está en juego desde finales del siglo pasado, “el derecho a la ciudad para todos”.
Cuando se habla de derecho es para acusar al Estado de negarlo a una parte importante de la población, ya que los desalojos ocurren desde fines del siglo pasado; es decir, negación primero a los campesinos que tenían hábitos comunitarios, y después a los urbanos porque ocupan terrenos del Estado que un sector de la sociedad quiere acaparar.
Debe destacarse que desde hace poco menos de un siglo hubo desalojos y despojos a favor de la propiedad privada del suelo: del latifundio al propietario inmobiliario urbano.
El latifundio en pleno siglo XXI se mantiene vigente en estructuras jurídicas obsoletas y ha provocado el primer gran flujo migratorio hacia la ciudad, por lo que hoy en día esas estructuras son juvenecidas por el nuevo modelo económico impuesto; es decir, las agroindustrias, los enclaves turísticos son responsables de la dolarización de la economía local, en particular del precio de la tierra productiva.
Las industrias antes citadas distraen de su vocación original, responsabilizándose de una segundad ola de migración hacia a la capital de Santo Domingo como principal albergue.
En cuanto al propietario inmobiliario, que es cada vez más sinónimo de capital industrial y financiero, es el responsable de los desalojos urbanos, principalmente desde la década de 1960, cuando se articuló una oficina de planeamiento territorial urbano en el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Se conoce que desde la época de Trujillo y sin Trujillo, algunos se empecinan en revitalizar el plan vial concebido en 1993 por JR Báez López-Penha y ejecutar el único plan regulador de la ciudad adoptado en 1956 y nunca implementado globalmente.
Se puede dar como entendido que la crisis de la ciudad es la misma del espacio, de la vivienda y del Estado, que lejos de corregir esas injusticias sociales con el equipamiento colectivo para regular las condiciones nacidas de los antagonismos y segregaciones especiales, solamente actúa de manera parsimoniosa y selectiva en la localización de sus inversiones públicas.
El campesino y los desalojos
Durante los últimos 30 años, los campesinos han realizado grande jornadas de luchas por el derecho a la tierra, pero cada día ese derecho se vuelve más imposibilitado por la gran cantidad de concesiones mineras y asignaciones agroindustriales otorgadas por los distintos gobiernos a grandes empresas nacionales e internacionales en detrimento de los hombre y las mujeres del campo.
Para el dirigente sindical y asesor del Movimiento de Campesinos de Trabajadores de las “Comunidades Unidad” (MCCU), en la provincia de Monte Plata y del Bajo Yuna, Francisco Antonio Santo, los ex trabajadores directos e indirectos de la desaparecida industria azucarera, campesinos, pequeños y medianos productores, se han convertidos en motoconchistas, debido a los trastornos provocado por el despojo de las parcelas.
Señala Santo los constantes desalojos arbitrarios, destrucción de pequeñas fincas con mejoras, picaduras de alambres, y algo peor: que las tierras están quedando en manos de personas ajenas a los territorios de la provincia de Monte Plata, y muy específicamente, de las municipalidades de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana, Yamasá, así como los distritos municipales Majagual, Gonzalo, Chirino y Don Juan.
Indicó que desde la gestión del Señor Enrique Martínez y el actual director Ejecutivo de la Inmobiliaria del CEA, Juan Francisco Matos Castro, se mantiene de manera sistemática la práctica de desalojar a los trabajadores del campo para dársela al mejor postor.
Dijo que ambos funcionarios del CEA no han procurado tomar en cuenta a las miles de personas que dieron partes de sus vidas para producir dólares al fisco del Estado dominicano, ya que solo se han dedicado a vender y arendar las tierras en grandes proporciones a los altos funcionarios del gobierno, empresarios y jerarcas militares.
Para los campesinos la palabra desalojo, en su humilde diccionario de la vida, significas matarlos en vida, arrojarlo a la indigencia, entre otros conceptos.
Testimonios
“En una ocasión la guardia me llevó preso hasta el comandante que dirigía el operativo y sólo me dijo que me fuera y que no volviera por ahí, pero yo le respondí que ellos no me habían comprado eso y que ahí estaba mi comida”, narró Felipe de Jesús Martínez, campesino de la comunidad de Los Limones.
Jesús Martínez expresó que se siente como si le quitaran la vida cuando destruyen los cultivos y lo despojan de sus tierras.
“Porque cuando a uno lo que tiene se lo quitan y no encuentra para darle comida a los hijos, están matando a uno y mandándolo a arrobar y hacer lo mal hecho; a eso es que las autoridades quiere que se dedique el hombre del campo”, resaltó.
Puntualizó que ese es el maltrato que realizan las autoridades, de despojar a los que llevan 40 y 50 años cultivando las tierras para dárselas a los pudientes, los ricos: “ y aquel que no tiene nada que se joda”.
Eulogio Castro
“Lo que siento es que me matan y me dejan vivo cuando tengo que llevarle a mi familia unos víveres de mi tierra, y prácticamente tengo que robármelo para poderlo sacar, si en verdad lo estoy produciendo en mis terreno", señaló.
“A la edad que tengo, aquí dónde tengo mi parcela buscando guineo, yo puedo terminar mi vida, pero si me sacan y me llevan para dónde no hay nada, es mandándome a morir que están”, concluyó.
Eulogio Castro, no obstante, sostuvo que tiene en su parcela más de 40 años cultivando sus tierras: China, Naranja Agria, 200 ó 300 matas de Coco, Aguacate, 30 matas de zapote, y que la gran mayoría de esa cosecha se vende en los mercados de la ciudad capital.
Bienvenido Agramonte
Para Bienvenido Agramonte la acción de despojar a los campesinos de sus tierras es un atraco. “Yo tenía un conuquito y los guardias vinieron y se adueñaron de mis tierras”.
Indicó que la entrega de más de 23 mil tierras a la agroindustrial, que ni si quiera es de la zona, es una falta de conciencia de lo que significa la producción en el campo. “Para mi es un asunto abusivo, porque si la gente de la zona no tiene un pedazo de tierra, es inexplicable que quienes no sean de la localidad, la posean gracias al Gobierno.”
Añade Agramonte que: “aquí se dan todos los frutos en esta región, solo falta voluntad y inversión de parte del Estado para desarrollar esta provincia que es la segunda más pobre del país”.
Puntualizó que para los campesinos es una necesidad cultivar las tierras y solicitó a los funcionarios del Gobierno que se han dedicado a desalojarlos dejar tranquilo a los hombres y mujeres del campo, ya que solo buscan la forma de sobrevivir.
Llamó al gobierno a buscar la forma de invertir en el campo y que les permita seguir produciendo alimentos a través del cultivo de las tierras.
Jorge Brito
Aquí, a esta zona de Los Limones, han venido dos veces a destruir los frutos de nuestras tierras, “para mí eso es un abuso de poder y de injusticias”, expresó Juan Jorge Brito, quien recordó que existe un artículo de Ley que dice que cuando usted lleva 8 años viviendo en unas tierras del Estado por norma le corresponde al que la vive y que él lleva 50 años cultivando estos terrenos.
Reubicación
Según el asesor técnico del MCCU, Manuel Benítez, la reubicación de los desalojados en tierras con vocación agropecuaria sólo en la provincia de Monte Plata, que comprendía la captación y ubicación de doscientas cuarenta y dos mil tareas de tierras (242,000.00), a la fecha, la entregada es de sólo ochenta y cinco mil tareas (85,000.); Es decir, se registra un faltante de 157 mil tareas.
Manuel Benítez apunta que de las tierras entregadas, las de la comunidad del Catey de Sánchez, no son consideradas aptas para la actividad agropecuaria y que las del Dean presentan las mismas condiciones. Refiere que en el Distrito de Majagual se obtuvieron 38 mil tareas, pero su reparto fue irregular, quedándose un grupito con la mayor cantidad y calidad.
Durante los períodos 1996-2000 y 2000-2004, se identificaron tierras para asentar a los afectados, pero en ambas ocasiones las tierras fueron utilizadas por los partidos de turno en el poder para repartirlas entre seguidores como parte del festín clientelista durante las campañas de medio término, olvidando los compromisos contraídos.
Benítez rememora que no es falta de tierras, si no carencia de voluntad política para resolver la deuda social acumulada. "Si aparece para el proselitismo o para el favoritismo, debe aparecer la tierra necesaria para familias sumidas en la pobreza, con lo cual al tiempo debe hacerse una muy justificada acción social, pues de lo que se trata es de contribuir a conservar un área de tanto valor estratégico para la nación".
Existen otros aspectos pendientes y es que muchas familias no fueron censadas, otras excluidas de las listas, así como los nuevos desalojados por las acciones del Ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, anteriormente citadas.
Según el levantamiento, realizado por el Movimiento de Campesinos Trabajadores de las Comunidades Unidas (MCCU), hasta la fecha existen más de 3 mil familias solo en las comunidades perteneciente al municipio de Sabana Grande de Boyá, ya que se encuentran en riesgo de perder sus bienes por la mala política social del Estado con relación a la distribución de las antiguas tierras del Ingenio Río Haina.
Insistió en resaltar que mil 500 familias serían afectadas si se aprueba en el Congreso Nacional una permuta enviada por el Poder Ejecutivo, que facilitará más de 23 mil tareas de tierras que fueron distribuidas por los ex presidentes Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía hace más de 47, 20 y 10 años a campesinos del municipio de Bayaguana, pero que podrían ser despojados para entregárselas a la empresa Azua Agroindustrial, cuyos propietarios se desconocen hasta el momento.
También dijo que en el municipio de Yamasá, pequeños y medianos productores de cacao se sienten amenazados por un posible desalojo de las tierras donde se producen la mayor cantidad de cacao orgánico en la zona.
Finalmente habló de las mil personas resultarían afectadas si el Gobierno permite la explotación minera de la Barrick Gold en la comunidad del Siete, en el municipio de Peralvillo, que pone en peligro el nacimiento del río Ozama, ya que su principal cuenca nace en la zona donde se quiere realizar la extracción de mineral.
Afectaciones
Durante el pasado año 2010, la República Dominicana vivió momento de tensiones, debido a la gran cantidad de desalojos ocurridos, que en algunas ocasiones costó la vida a varias personas.
En el mes de febrero, los agricultores desplazados por la Barrick solicitaron compensación y dieron a conocer la complicidad de autoridades dominicanas con la minera para despojarlos de sus tierras en la comunidad el Yagal de la provincia Sánchez Ramírez.
El mes de marzo fue uno de los más activos, ya que los desalojos en la comunidad del Valiente del municipio de Boca Chica, se reportó 23 casos de personas que fueron sacadas de sus viviendas.
También se informo que la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRET), derribó decenas de casas en la margen del río Ozama mediante el despliegue de decenas de policías contra humildes moradores del sector Gualey, para darle continuidad de los trabajos de construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo.
Asimismo, militares y policías quemaron decenas de casas en el barrio Gualey de Santo Domingo a fin de viabilizar la avenida que une al puerto de Santo Domingo.
Mayo
El MCCU acusa al teniente Gil Guerrero de asesinar al agricultor Tontón Francois, en plena labor en unos pequeños predios del potrero la 25, Sección Sabana Larga de Gonzalo.
Octubre
Agentes de la Policía Nacional matan a un buhonero, ex militar en Boca Chica, mientras este trataba de evitar que le destruyeran su negocio.
Noviembre
Decenas de familias protestaron en Villa Altagracia, en rechazo a ser desalojados de los terrenos donde viven. Asimismo, El 15 de noviembre, al menos 105 viviendas en la que residían unas 200 familias fueron derribadas por un contingente de la Policía Nacional en el sector Las Mercedes, del paraje La Virgen, en el municipio de Santo Domingo Norte.
No cabe duda que mientras continúe la indiferencia del Estado en las zonas rurales del país, cada día crece el gran cordón de miseria que habita entre las laderas del río Ozama e Isabela. Será imposible ubicar a las miles de familias que viven en la extrema pobreza y en las conducciones más inhumanas.
Otra dificultad es el peligro adicional a ambos lados y largo del Ozama e Isabela durante la temporada ciclónica, debido al peligro que se cierne sobre todas las viviendas de ser inundadas.
Finalmente, un dato aparentemente desconocido por las autoridades gubernamentales es que la mayoría de las familias que viven bajo los puentes de las ciudad de Santo Domingo, provienen exactamente de las provincias del Sur, es decir, Jimaní, Pedernales, San Juan de la Maguana, Elías Piña y otra gran parte de la población proviene de la provincia de Monte Plata, debido a la falta de oportunidades y al atraso a que han sido sometidas por los diferente gobiernos, como consecuencia de una carente inversión social para desarrollarse, a pesar de los potenciales que poseen para su progreso.
