Desde hace décadas, República Dominicana lucha por eliminar el trabajo infantil y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el ministro de Trabajo, Max Puig, recordó en la apertura del Congreso Subregional dedicado al tema, el vínculo de tan abominable actividad “con diferentes formas de infracción, crimen y delitos, como es el tráfico y consumo de estupefacientes, establecimiento de redes delictivas que no son sólo de carácter nacional sino internacional”.
Según reporte difundido por Global Financial Integrity, organización dedicada a propiciar políticas severas contra el lavado internacional de dinero, “el
tráfico ilegal de bienes, personas, armas y recursos naturales genera dividendos cercanos a los 650.000 millones de dólares al año a nivel global y perjudica principalmente a las naciones en desarrollo”.
En el caso del narcotráfico y el contrabando “son los dos renglones criminales
más rentables, porque generan cerca de 320.000 y 250.000 millones de dólares”.
En el país, no sólo el ministro de Trabajo ha denunciado los desafíos que
enfrenta la nación dominicana en la lucha contra este tipo de explotación,
propiciada más aún por la pobreza, desigualdades sociales y las situaciones
creadas por una débil institucionalidad, entre otros aspectos. No podemos
olvidar que durante seis meses del año 2010, las fiscalías de Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA), en Santo Domingo, notificaron 653 casos de violencia,
maltrato y explotación de personas menores de edad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desarrolla su labor en el país desde la década del 90, con la Comisión Interinstitucional Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y, constantemente, llama a las autoridades a crear estrategias que ayuden a preservar los derechos de los menores, ante esta otra forma de esclavitud moderna que vulnera para siempre la existencia física y emocional, al desgarrar la más hermosa edad del ser humano.
