La Fiscalía del Distrito Nacional dispondrá de todos los medios que le provee la ley para recurrir la sentencia emitida por la jueza interina de la Octava Sala Penal, Patricia Padilla, que dejó en libertad a dos hombres y una mujer acusados de estafa y falsificar títulos de propiedad en Higüey.
Los puestos en libertad son, la abogada Eulogia Margarita Melo y los señores Remberto José Duran Cabrera y Reynaldo Melo Santana, quienes son acusados por el Ministerio Público de estafar con más de RD$1,000 millones a varias personas y empresas de Higüey.
En tal sentido, el fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segara, dijo que el Ministerio Público posee los mecanismos que le da la ley, que son los recursos, por lo que van a interponer los recursos que estén a su alcance para que eso sea superado.
No obstante, aclaró que no pueden cuestionar las decisiones de los jueces, porque esa es una facultad jurisdiccional de ellos.
Recordó que el Ministerio Público es parte de los procesos judiciales, por lo que en ocasiones tienen criterio encontrados con las decisiones que dan los jueces. Aclaró que en ese caso puede existir la posibilidad de que sea una decisión fuera de contexto.
Los tres acusados formaban parte de una supuesta red que fue desmantelada por la Procuraduría General de la República y el Registrador Nacional de Títulos.
La supuesta red estaba integrada por ex empleados de la jurisdicción inmobiliaria de Higuey, y estafó con más de RD$1,000 millones a varias personas y empresas de esta jurisdicción.
Según la acusación la red estaría conformada por abogados, notarios y particulares, que supuestamente se dedicaban a la falsificación de certificados de propiedad.
Brito Guzmán estaba preso por tres meses de manera preventiva en la cárcel de Najayo, por disposición de un juez de Atención Permanente del Distrito.
El expediente acusatorio explica que Guzmán Brito valiéndose de un pasaporte falso se hacía pasar por el “licenciado Félix Gil Morales”, quien había fallecido en 1994, para vender terrenos de la parcela 86 del distrito catastral 11, de Higüey.
La indagatoria fue realizada por el procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz y el registrador de títulos de Higüey, Pablo Miguel Peña Caraballo.
Por el caso también, son investigados el señor Olivo Cedano Reyes, Andrés Ávila Santana, Bienvenido Cedano, Andrés Soler y Javier Silfa Pichardo.
La querella fue presentada por la compañía Morcasti S.A y la señora María Altagracia Morales viuda Marranzini, quienes se constituyeron en actores civiles en contra del grupo.
