El Ministerio Público se hará cargo a partir de la fecha de los embargos que se realizan en hoteles de la región Este del País, con lo que busca poner fin a las ocupaciones ilegales que ejecutan abogados y alguaciles en esa zona.
Así lo informó este martes el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien subrayó que el ministerio público decidió tomar control de esos embargos como una forma de ponerle fin a las ocupaciones ilícitas de esos inmuebles.
Aclaró que la mayoría de los embargos se materializan sin el acompañamiento de la fuerza pública, lo que obliga que en lo adelante sean controlados por el Ministerio Público.
Explicó que existen embargos que se ejecutan bajo la orden de algunos jueces de paz sin la participación de esa institución.
No obstante, Jiménez Peña rechazó que en la presunta mafia en la que estarían envueltos jueces de paz, abogados y alguaciles participen fiscales, como han denunciado los hoteleros.
Para investigar la situación generara con los embargos ilegales, el procurador creó una comisión, conformada por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, coordinador del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, el fiscal adjunto Francisco Polanco y el fiscal de la provincia Hato Mayor.
La comisión citó para mañana miércoles al presidente de la Asociación de Hoteleros el Este, Ernesto Veloz, a fin de interrogarlo sobre la denuncia.
El jefe del ministerio público lamentó que uno de los casos haya repercutido a nivel internacional, dado el desorden escenificado en Hard Rock Hotel, en Punta Cana.
Advirtió que la procuraduría no permitirá que situaciones como esta continúen, y que estén a la espera del informe que le rinda la comisión designada para tales fines.
Exigió a los hoteles que mencionen de manera responsables cuáles son los abogados y alguaciles que se dedican a esas malas prácticas, y dio garantías de que el ministerio público actuará contra la alegada mafia.
Jiménez Peña se refirió al tema previo a participar en el seminario internacional sobre seguridad ciudadana y justicia penal, donde expertos analizan la vinculación de esos temas partiendo de los ámbitos de la prevención y la persecución.
