La decisión del presidente Leonel Fernández de someter al Congreso la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y que le otorga potestad para dirigir las investigaciones criminales y no a la Policía, ha causado revuelo en diversos sectores de la sociedad.
Participación Ciudadana (PC) mantiene su criterio de que sea el Ministerio Publico y no la Policía Nacional “por su falta de credibilidad”, esté a cargo de hacer las investigaciones criminales en la República Dominicana, como lo establece la Constitución.
“Lamentablemente hemos visto la falta de credibilidad en la Policía. Hemos dicho que la Policía necesita una reforma y entendimos que los casos criminales en manos del Ministerio Público iban a ser más eficientes e iban a realizar más rápido las investigaciones de los casos criminales”, expreso Samil Chami Isa.
Mientras el presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, dijo que la medida del jefe del Estado ha causado sorpresa a la población, debido a que esa prerrogativa contemplada en la Constitución fue fruto del consenso de los diversos sectores.
Sostuvo que el Colegio de Abogados analizará la modificación sometida al Congreso por el presidente Fernández y luego como entidad, emitirá su posición oficial sobre el particular.
Consultado sobre el particular, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y jurista, Franklin García Fermín, calificó de “infausta” la decisión del presidente Fernández.
Entiende que la observación del mandatario no tiene asidero constitucional. Sostuvo que la Carta Magna siempre ha otorgado al Ministerio Publico, como representante de la sociedad, dirigir todas las investigaciones criminales, bajo la supervisión de lo cual figura la Policía Nacional.
Se recuerda que este jueves, el presidente Fernández sometió al Congreso Nacional la modificación de los artículos 101 y 105, de la Ley 113-11 sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En la carta que acompaña el proyecto de modificación, El Gobernante expresa que esas disposiciones han generado confusión en el Ministerio Público y en la Policía Nacional, en cuanto a los roles que les corresponden para «dirigir la investigación penal», perseguir e investigar las infracciones penales».
De inmediato, la reacción del procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, no se hizo esperar y calificó la medida como un retroceso.
“En nuestro esquema eso no está contemplado porque sería retroceder, “no bien hemos avanzado y ahora vamos a retrocede, la misma ciudadanía nos reclama que tenemos avancemos en las investigaciones, para dar respuestas contundentes, y disminuir los niveles de impunidad”, preciso el jefe del Ministerio Publico.
