Varios internos que cumplen condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, pidieron al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, investigar a la fiscal de esa jurisdicción, Jacqueline Valencia, a quien atribuyen manipular las acusaciones para lograr condenas severas.
Entre los internos que cuestionan el trabajo de la fiscal, están quienes tienen sentencia definitiva, otros que cumplen medidas de coerción, además de los que no han podido pagar fianza.
El interno Aquilino Dipp, quien cumple una condena de 20 años de prisión por la muerte de un hombre, a quien asegura haber matado en defensa propia, dijo que la fiscal Valencia le solicitó esa pena consciente de que la calificación jurídica del caso no era la correcta.
El hecho en que Dipp mató al hombre, de quien ni siquiera sabe el nombre, ocurrió durante un incidente que tuvo lugar en un colmadón en la comunidad Los Quemados de La Cuaba, donde compartía unos tragos.
Relató que esa persona se le acercó y le pidió un trago, pero que al momento de servírselo le fue encima con un machete y trató de matarlo, pero que logró quitárselo y se lo dio a un primo del atacante, quien lo llevó a acostar. No obstante, regresó y lo agredió a machetazos. Fue en esa circunstancia que le hizo un disparo en defensa propia y le quitó la vida.
Declaró que el Código Penal Dominicano establece penas de entre 3 a 20 años para estos casos y que en el tribunal quedó claramente establecido que la muerte sucedió en defensa propia, a pesar de lo cual, la fiscal Valencia se empeñó en lograr la condena que le aplicaron.
Señaló que el interés de la representante del Ministerio Público en lograr esa sentencia se debió a que es amiga de una hermana de la víctima y agregó que ésta, incluso, buscó testigos que no sabían nada del caso, como un coronel de los Bomberos quien testificó sobre una supuesta casa que había quemado, lo que luego se determinó que era mentira.
En ese sentido, solicitó al procurador Jiménez Peña que tome en cuenta ese asunto y ordene investigar a la fiscal Valencia, de quien alega que solicita condenas por odio y sugestiona a los testigos, a quienes amenaza con dejarlos presos si no declaran lo que ella pide.
Dipp solicita a las autoridades judiciales que revisen su caso y lo envíen a una corte de apelación, donde sea tratado con equidad, libre de prejuicio y lo valoren con más apego a la verdad.
Otro que asegura haber sido perjudicado por la fiscal Valencia es el interno Odalí Vicente, quien fue condenado a 15 años por una riña de la cual ni siquiera existe una querella.
Puntualizó que tuvo una riña con un joven llamado José en el sector La Guasumita, de Monte Plata, y que durante la discusión alcanzó con dos planazos (golpe con arma blanca), a una mujer de nombre Teresa Ruíz que estaba en el lugar, a quien luego la referida fiscal y otras personas la indujeron a que lo acusara de violación, por cuyo supuesto hecho fue condenado.
Apuntó que esa pena le fue impuesta sin tener querellante, porque la supuesta mujer violada no quiso presentarse al tribunal; pero, la representante del Ministerio Público insistió en que fuera sentenciado.
Resaltó que Ruiz siempre ha estado dispuesta a desestimar la querella, pero que por falta de un abogado no ha podido hacerlo.
También Enrique Manuel Morel lleva 8 meses como preso preventivo, acusado de participar en la muerte de un joven, de lo que no existe denuncia en su contra.
Expuso que el real responsable de la muerte también está preso en esa misma cárcel y que ha testificado que él no tiene nada que ver y que no lo conoce.
Sostuvo que no sabe de la muerte, pero que la fiscal Valencia se empeña en tenerlo preso, pese a que otra persona testifica que él no estaba en el pleito.
Igualmente, el ciudadano haitiano Jhonny Pie lleva 7 meses preso porque no tiene cómo pagar una fianza de RD$10,000, que le impuso un juez por supuestamente robarse una motocicleta.
Explicó que lo están acusando de algo que no cometió y que le impusieron la fianza pese a que el dueño de la motocicleta aseguró al tribunal que no lo conocía. No obstante verificarse su inocencia, el representante del Ministerio Público, un fiscal conocido como “Pipi” le solicitó la fianza citada.
Pie expresó que ni él, ni su familia tienen dinero, por lo que lleva ese tiempo en prisión y no sabe cuándo saldrá. Le duele haber requerido al juez el porqué le imponía esa multa, si el supuesto acusador decía no conocerle, a lo cual le contestó que estaba obligado a ponérsela.
