El gobierno dominicano restó importancia al proyecto de una base militar del Comando Sur de Estados Unidos en la Isla Saona, en medio de una ola de rechazo de entidades políticas, sociales y juveniles a tal intención.
En declaraciones a un medio periodístico local, César Pina Toribio, ministro de la Presidencia, afirmó que no resulta una injerencia, como denuncian sectores nacionales, la construcción de una estación naval y un muelle en el Puesto de Catuano, Isla Saona.
Por el contrario, añadió, la obra aumentaría el control sobre el narcotráfico en la costa este del país.
Interrogado por los daños al medioambiente que tendría la base, Pino Toribio respondió que se debe buscar un punto medio para evitar efectos negativos.
La Academia de Ciencias de Dominicana se unió ayer a otras entidades sociales y políticas que rechazan el mencionado proyecto.
El presidente de esa institución, Milcíades Mejía, declaró inadmisible una intervención en el Parque Nacional del Este, zona emblemática del sistema dominicano de áreas protegidas.
Indicó que la construcción allí de una base es violatoria de la ley 64-00 de Medio Ambiente, por el tipo de estructura y el efecto negativo que tendría esta instalación sobre el ecosistema de esa isla.
Entre las entidades que alzaron su voz contra la base militar en Isla Saona figuran también la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Movimiento Juvenil La Multitud y partidos y organizaciones de izquierda.
Asimismo la instalación del enclave violentaría el artículo 3 del Capítulo 1 de la Constitución de la República Dominicana que expresa la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención, afirmaron los detractores de ese proyecto militarista.
Ese artículo, señalaron, establece que la soberanía de la nación, como estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable y recuerda que ninguno de los poderes públicos organizados por la Constitución puede realizar o permitir actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos.
Tampoco permite una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y los atributos consagrados en la carta magna.
