PR busca mejorar instalaciones y gestión del aeropuerto internacional de San Juan

Dos empresas de renombre internacional entregaron ofertas con vistas a ganar la concesión para operar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico, en un contrato de alquiler que se extendería por unos 40 años y con el que el gobierno de esa nación quiere potenciar nuevas inversiones en sus instalaciones y duplicar el tránsito de aviones y viajeros en esa terminal, que según sus planes podría convertirse en la más importante del Caribe.
 
De acuerdo con un comunicado emitido esta semana por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), entidad que gestiona el concurso, las dos principales propuestas recibidas fueron del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), de México, en conjunto con el fondo inversionista Highstar Capital, de Estados Unidos, y  de Ferrovial Aeropuertos, de España, en conjunto con Macquarie, que es una firma financiera australiana.
 
Esos nombres aseguran por tanto la reputación de los dos contendientes, pues en el caso del primero, ASUR, ya opera y desarrolla 9 aeropuertos en el sureste de México, incluido el internacional de Cancún. En tanto que Ferrovial gestiona 6 aeródromos en Reino Unido, sumando el de Heathrow (Londres), Stansted, y Glasgow, entre otros.
 
Ambos consorcios buscan hacerse con el contrato de un aeropuerto que es muy conocido en la región y que reportó en 2011 un tráfico de casi 8 millones de pasajeros, pero en el que el grupo ganador tendrá que invertir cerca de 60 millones de dólares en obras de modernización en los primeros cinco años.
 
Así lo ha referido la prensa puertorriqueña, destacando que el Luis Muñoz Marín fue construido en 1955 y precisa en estos momentos de reformas importantes en muchas de sus áreas, que la Autoridad de Puertos de ese país ya no puede impulsar, porque se quedó sin margen prestatario para ello.
 
Un reporte de la agencia EFE que cita declaraciones del director ejecutivo de la AAPP, David Álvarez, abunda al respecto que la empresa adjudicataria deberá hacer mejoras en el estacionamiento, pistas, edificio principal, terminales y accesos al aeropuerto, que también confronta una deuda ascendiente a 400 millones de dólares.
 
Aunque no se ha revelado el pago por adelantado que se le requerirá al privatizador, se presume que debe ir a tono con una cobertura mínima de esa deuda.
 
Álvarez añadió en sus declaraciones que la AAPP, en colaboración con la Autoridad de Puertos, el Banco Gubernamental de Fomento y el Comité de Alianza designado para el proyecto, comienzan desde ahora el proceso de análisis de las propuestas, que estará fundamentado en varios criterios de evaluación.
 
Las entidades gubernamentales valorarán para la elección del consorcio ganador su nivel de reputación, trayectoria y capacidad técnica y financiera, así como el plan operacional propuesto para el mejoramiento del aeropuerto, entre otros factores.
 
Se espera que el resultado de estos análisis se dé a conocer en agosto, aunque posteriormente la propuesta elegida tendrá que contar con la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

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