La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), objetó el archivo de la querella que en contra del senador Félix Bautista había sido depositada por la organización y archivada por el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, luego de que le fuera declinada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía.
El rechazo fue realizado mediante instancia suscrita por la agrupación de abogados y depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.
”El artículo 283 de la Normativa Procesal Penal establece que: el archivo dispuesto en virtud de cualquiera de las causales previstas en el artículo 281 se notifica a la víctima que haya presentado la denuncia y solicitado ser informada o que haya presentado la querella. Ella puede objetar el archivo ante el juez, dentro de los tres días, solicitando la ampliación de la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado” por lo que estamos agotando el procedimiento que corresponde, afirmó el presidente de la entidad Yuniol Ramírez Ferreras.
”En los argumentos planteados por el DPCA para ordenar el archivo de la querella, no se indica cuales son los elementos sustanciales en los cuales el informe definitivo de la Cámara de Cuentas difiere de los elementos probatorios aportados por el querellante, lo que resta mérito al archivo y evidencia la ligereza de la decisión”, afirmó Yuniol Ramírez Ferreras, presidente de la organización.
La agrupación afirmó que el argumento del Ministerio Público deviene en vano e insustancial y demuestra un forzado interés de encontrar elementos excusatorios que le permitan excluir al imputado de dicho proceso.
“Es preciso resaltar que la función jurisdiccional es exclusiva de los jueces y por consiguiente es ajena al Ministerio Público, razón por la cual constituye un yerro procesal la aseveración de esa entidad, en el sentido de la irrelevancia penal que el organismo le atribuye al informe de la Cámara de Cuentas”, dijo Ramírez.
En el escrito de objeción, los abogados Ramírez Ferreras y Marcelino de la Cruz Núñez acusan al Ministerio Público de experimentar en su desempeño en el caso, un favoritismo de naturaleza política que desvirtúa la función encomendada y atenta de manera grosera contra una clara política anticorrupción como lo han establecido la Constitución de la República, las leyes adjetiva y los compromisos de la nación contraídos en los tratados internacionales.
Los profesionales del derecho concluyen solicitando que sea designado un magistrado de la Suprema Corte de Justicia en las funciones de juez de instrucción, en razón de la jurisdicción privilegiada del imputado Félix Bautista, a los fines de que se revoque el archivo definitivo de la alegada investigación y del mismo modo revocar el archivo provisional de la denuncia, en virtud del artículo 283, del Código Procesal Penal.
Así mismo, Ramírez Ferreras y De la Cruz Núñez solicitan que el pleno ordene al juez que sea designado proceder a la ampliación de la investigación que alega haber realizado el Ministerio Público para determinar la seriedad y punibilidad de los hechos imputados a Félix Ramón Bautista Rosario.
