Si las autoridades educativas no adoptan nuevas resoluciones a favor de la comunidad haitiana, se prevén nuevas sanciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), en perjuicio del Estado dominicano.
Pese a que las autoridades dominicanas dejaron sin efecto la medida que prohibía a hijos de extranjeros ilegales inscribirse en las escuelas públicas del país, en la actualidad la disposición no se cumple cabalmente.
En una ocasión CIDH sancionó al Estado dominicano por haberle negado la nacionalidad a las niñas Dilcia Vean y Violeta Bosico colocándolas en un estado de ilegalidad y vulnerabilidad social, que les imposibilitó asistir a la escuela por un año, debido a la falta de documentos de identidad.
Durante un recorrido de este multimedios por diversos centros escolares, surgieron evidencias de que en esa zona múltiples trabas se les imponen a los haitianos que buscan ingresar a escuelas públicas.
Tal es el caso del centro educacional Aruba del barrio Cristo Rey, en la ciudad de Santo Domingo, donde decenas de haitianos han acudido a inscribirse porque encuentran en este lugar las puertas abiertas para recibir el pan de la enseñanza.
La directora del plantel, profesora Dora Reynosa, interpreta la situación de tantos estudiantes haitianos en esa academia, a que en otras les ponen obstáculos para negarle la entrada.
Cuenta que el año escolar pasado, 2011- 2012, de una matrícula general de 1, 093 alumnos, había más de 200 de nacionalidad haitiana y en el presente año, de acuerdo a los ya recibidos, se prevé que se duplique esa cantidad, lo cual es desproporcionado en términos porcentuales:
“Esa situación evidencia que a esos estudiantes les niegan la inscripción en escuelas de esas zonas, puesto que en la demarcación existen otros planteles como: la Milagrosa, Benito Juárez, Juan Bosch, entre otras, y solo en esta hay tantos alumnos de origen haitianos».
La profesora Reynoso agregó que el acta de nacimiento es el único documento que exige la Escuela Aruba para registrar a cualquier nuevo alumno, incluyendo a los de la vecina Haití.
Recientemente, la Coalición para una Educación Digna declaró ser testigos del intento de dejar fuera del sistema educativo a personas indocumentadas, en una franca violación a los Derechos Humanos y a la Constitución.
La legislación actual prevé que la educación deberá ser en igualdad de oportunidades, con especial apoyo a las familias de escasos recursos para superar las carencias de tipo familiar y socio-económico; sin embargo, ese mandato no se cumple totalmente.
A pesar de algunos avances, en la República Dominicana persisten diferencias de racismo y escolaridad entre las clases acomodadas y las desfavorecidas, poniendo de manifiesto la desigualdad y exclusión que tienen algunas escuelas públicas del país.
