Pese a que la República Dominicana se caracteriza como hospitalaria y solidaria, en los últimos tiempos se muestra cada vez más violenta, verificándose a diario hechos de sangre, asaltos y robos a mano armada que inquietan a la sociedad y las autoridades que hasta el momento no han logrado frenarlos.
Los actos de violencia en el país se han venido adoptando como parte del diario vivir, llegando incluso a convertir a los ciudadanos en seres poco afectivos y mantienen atemorizados y perturbados a importantes segmentos de la población, que en medio de su impotencia piden soluciones inmediatas a los organismos de seguridad del Estado.
El más reciente hecho de sangre que conmovió a la población fue el asesinato de la madre del ex pelotero Miguel Diloné, quien fue estrangulada en su propia casa, para robarle la suma de RD$ 57 mil.
Otro suceso brutal que estremeció a la ciudad fue el crimen del baterista José Carlos Hernández, asesinado de 27 puñaladas, lo que sin duda evidencia la descomposición que vive la sociedad dominicana.
Informes periodísticos dan cuenta que cada día, sin importar la hora, los dominicanos son asaltados en cualquier calle, avenida de la capital, o ciudades del interior, con el agravante de que en muchos de estos episodios los delincuentes matan a sus víctimas.
Unas de las demarcaciones más afectadas por la violencia es la ciudad de Santiago, donde han acaecido incontables eventos que han generado alarmas entre los habitantes de esa jurisdicción. Según testimonios de ciudadanos, en horas de la noche los robos y atracos son incontrolables. Los informes dan cuenta de que en el 40% de hechos delictivos hay ejecuciones.
En el primer trimestre del actual año, los homicidios sumaron 508; verificándose igual situación en el segundo trimestre, cuando se registraron 509 personas asesinadas en circunstancias generalmente asociadas a la violencia callejera. Todo lo cual sugiere una media de 170 muertes mensuales.
Una de las medidas para enfrentar esta situación es la asumida por la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto que modifica siete artículos del Código del Menor, mediante los cuales endurece la pena a niños, niñas y adolescentes que delinquen. La pieza eleva de 5 a 15 años de reclusión a quienes entren en conflicto con la Ley, en edades comprendidas entre 16 y 18 años.
La moción aumenta, además, de 10 a 30 días el tiempo para investigar a quienes cometan delitos. Sin embargo, la alternativa ha sido rechazada por una parte de la población e instituciones del Estado, pues más allá del castigo que implican actos tales, tanto en adultos como en menores se hace necesario desarrollar políticas y programas integrales de educación y capacitación técnica y profesional que permita formar a estos seres humanos desde las primeras edades y después. Solo así se enfrenta esta realidad.
