El Tribunal Constitucional (TC), rechazó un recurso de revisión de amparo presentado por la Cámara de Diputados y ratificó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le ordenó entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo a una persona que las solicitó.
En su sentencia, el TC confirmó la obligación de transparencia en todo el Estado como forma de controlar la corrupción. Declaró que aunque el nombre permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de un dato o informaciones personales o íntimas.
La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.
La Segunda Sala del TSA acogió la acción de amparo, argumentando que los nombres, cargos y salarios no eran de carácter confidencial, pero la Cámara de Diputados recurrió esa sentencia en revisión ante el TC.
