La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), respaldó este viernes la solicitud hecha por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a la Cámara Penal de la Suprema corte de Justicia (SCJ), en el sentido de que sea revocado el auto 03093, emitido en mayo pasado por el Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), a favor del senador Félix Ramón Batista Rosario.
El referido “auto” ordena el archivo definitivo de las investigaciones de actos dolosos imputados por la CONA y otras organizaciones de la sociedad civil al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
”Con su solicitud a la Suprema Corte de Justicia, el máximo representante del Ministerio Público arroja una luz, envía a la población la señal de que no todo está perdido en cuanto a la necesidad de que se respeten la Constitución y las leyes de la República y se persiga a los que sustraen los recursos que deberían destinarse a la educación, la salud y a combatir los males sociales que nos afectan, independientemente de los protagonistas del hurto”, indicó el presidente de CONA, Yuniol Ramírez Ferreras.
“Es plausible el responsable gesto de Domínguez Brito en cuanto a no tolerar el funesto precedente de propiciar la impunidad desde el Ministerio Público, siempre que lo esté haciendo con determinación de que su decisión no se quede en un mero cumplido mediático”, agregó.
Los abogados afirmaron, también, que la seriedad de su querella en contra del senador por San Juan queda confirmada cuando el propio Procurador afirma lo siguiente: “Con relación a la auditoría que cursada como medio probatorio, el Ministerio Público, director de la investigación se contradice en su valoración, ya que por un lado alega que la misma es una fotocopia sin firma, ni sello, cuyo origen no está establecido, por lo que carece de autenticidad y validez legal”; pero valora la misma auditoría cuando dice: “en relación al informe de auditoría es preciso indicar que, a prima facie, no acredita hechos de naturaleza penal por lo que resultaría vano adentrarse profundamente en su contenido, lo que según los letrados significa que su querella tiene los suficientes méritos”.
Ramírez Ferreras dijo esperar que el Procurador actúe en consonancia con su planteamiento de que la sociedad demanda y merece que el Ministerio Público sea un ente objetivo, confiable, que garantice investigaciones serias en las que se puedan archivar o acusar; pero, siempre amparado en lo que establece la Constitución y las leyes: “normas que fueron inobservadas en el caso de la especie”.
“Nosotros planteamos, al momento del DPCA disponer el archivo de nuestra querella, que si la gestión gubernamental encabezada por Danilo Medina pretendía combatir la corrupción administrativa, el procurador general de la República, Domínguez Brito, debía dar una muestra de dicha voluntad gubernamental, lo cual estamos reiterando”, dijo Ramírez.
El movimiento de profesionales del derecho manifestó su respaldo irrestricto al Procurador General de la República en las acciones que pueda emprender en contra de la corrupción administrativa que lesiona a la sociedad dominicana; sin embargo, no descartaron que en el presente caso de lo que se trate sea de “quedar bien ante la opinión pública”, ante el clamor de la población.
