Los distintos gobiernos que han dirigido los destinos de la República Dominicana a partir del año de 1978, han hecho de las reformas fiscales tácticas por excelencia para enfrentar o corregir las crisis financieras dejadas por sus sucesores, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos.
La mayoría de los “parches tributarios” ejecutados por los mandatarios han tenido como propósitos fundamentales enfrentar el déficit e incrementar las recaudaciones que les permitan desarrollar su plan de gestión sin importar que el peso caiga sobre los más desposeídos, con los constantes aumentos de los productos básicos de la canasta familiar.
Debido al difícil contexto económico que recibió el nuevo Gobierno, las cajas financieras del Estado demandaron una nueva reforma fiscal y desde ya, los economistas y sectores populares vaticinan que el pueblo tendrá que pagar los “platos rotos” para llenar las arcas públicas.
Se muestra el excesivo gasto de unos RD$101,900 millones durante de la parte final de la gestión (2008-2012), de Leonel Fernández, de los cuales RD$86 mil millones corresponden al sector público y RD$15,500 millones al Banco Central.
El Gobierno que encabeza Danilo Medina, ante el “despilfarro” de los recursos ha convocado a los sectores sociales y económicos a discutir una nueva reforma fiscal “integral”; pero, nuevamente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a fin de cuentas establecerá las normas y las acciones a ejecutar.
Entre otras cosas, el Gobierno propone una dura modificación tributaria que incluye aumentar de un 16% al 18 % el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (Itbis), lo que gravitaría negativamente en los productos básicos y la canasta familiar.
De acuerdo a lo planteado en la reforma: se congelarán la nómina pública y los salarios a partir del próximo año; además, proyecta identificar a los trabajadores informales para que paguen Impuestos Sobre la Renta, Itebis e incluirlos en el Sistema de Seguridad Social.
De igual forma, aplicará un 10% a los servicios de telecomunicaciones y telecables; un 10% a los dividendos del sector zonas francas, el recorte gradual de las exenciones; también se incrementará el cobro de un 2.5 a 5% a las ventas brutas.
Según el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, el déficit fiscal actualmente es de un 6.4% del Producto Bruto Interno, equivalente a 170 mil millones de pesos y espera que al finalizar el año sea de un 8%.
Asimismo, aumentarán el impuesto a las bebidas alcohólicas de un 7.5% a un 15%, medida que se aplicará sucesivamente en tres años. Esto ya ha generado descontento en el sector licorero nacional.
Según datos suministrados a DominicanosHoy por el economista Nelson Suárez, las reformas tributarias se han repetido en los últimos 30 años casi al inicio de todos los gobiernos, para amortiguar la crisis dejada por cada gestión saliente del Poder Ejecutivo.
El economista explicó que en términos del comportamiento de los ingresos y los gastos, desde el 2003 hasta el 2007, había una cierta equivalencia; pero, que a partir del 2008 al 2012, se inició una brecha amplia de mayor expendio del Gobierno que los ingresos recibidos.
Ingresos y gastos
Según las estadísticas proporcionadas a este multimedios, la lucha entre los ingresos y los gastos son muy desproporcionales: para el 2008, la entrada de recursos al Gobierno fue de unos RD$ 246,910 millones y el gasto de RD$309,308 millones; en tanto que para el 2009, ingresaron 226, 213 millones y se gastaron RD$289,369 millones.
De igual forma, en 2010, el gobierno de turno consiguió de mano de los contribuyentes uno RD$255,085 millones y consumió RD$310, 316 millones; en el 2011, los bienes recolectados alcanzaron RD$280,451 millones; pero el Poder Ejecutivo gastó RD$339,063 millones.
¿Un pacto fiscal por qué y para qué?
En la actualidad existe una transferencia corriente en el Presupuesto Nacional que equivale a un 25% del gasto del Gobierno. Entre dispendios se encuentran los subsidios, en especial al sector eléctrico, pues se ha invertido, entre 2004 y 2012, unos RD$194 mil millones, sin resolverse el problema de los apagones.
En 1979, se formuló una reforma que contemplaba nuevos impuestos, reducción de trámites, el Registro Único de Contribuyentes y se planteó el establecimiento del Impuesto al Valor (IVA), entre otras cosas.
Para el año 1982, la situación económica se había deteriorado tanto que condujo a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se implantaron varias leyes de aumentos de impuestos, un recargo cambiario a las exportaciones y se creó el Itbis con tasa de un 6%.
En tanto que en 1990, la crisis impulsó la más profunda reforma tributaria de los últimos 22 años, donde se estableció el Nuevo Código Tributario, ley del Impuestos Sobre la Renta (ISR), los impuestos selectivos al consumo, aumento de la tasa del Itbis de 6% a 8%; sustitución de impuestos específicos por ad-valoren; redujo o eliminó algunos incentivos contenidos en la Ley 299, de Incentivo Industrial y modernizó aspectos el Sistema Tributario Dominicano (STD).
El gobierno que asumió en 1996, con Leonel Fernández como presidente, sometió al Congreso Nacional un proyecto de transformación que procuraba: aumentar los ingresos y modernizar el sistema recaudatorio. Esta no contó con el apoyo de los legisladores; sin embargo, se implementaron varias medidas administrativas de agilización y simplificación de trámites impositivos que lograron mejoría en las recaudaciones.
En 1997, se produjo un importante cambio en la Administración Tributaria: la fusión de la Dirección del Impuestos Sobre la Renta y la Dirección General de Rentas Internas y la creación de la DGII. Estas reformas administrativas produjeron más adelante un crecimiento de las recaudaciones y el incremento de 1.6 puntos porcentuales del PIB en la presión tributaria del 1996-1999.
En el año 2000, el Gobierno encabezado por Hipólito Mejía aumentó la tasa de Itbis de 8% a 12% y se amplió su base; se estableció un anticipo mensual del ISR de un 1.5% sobre las ventas brutas, se aprobó una modificación arancelaria, certificó la Ley de Impuestos a los Hidrocarburos y la presión tributaria subió de 12.5% a 14%.
En tanto que debido a la crisis financiera de 2003 y la reforma tributaria “por decreto”, se implementó un conjunto de medidas y acciones cambiarias con miras a aumentar los ingresos; impuestos a los cheques y transferencias bancarias y contribución solidaria de 5% a las exportaciones y 2% a las importaciones.
El pueblo ha tenido que cargar con el pesado sacrificio de ver implementar, entre 2004 y 2012, al menos seis reformas tributarias, siendo esta última (la presentada por el presidente Danilo Medina), el “trago más amargo” que tendrán que ingerir, mayormente, las familias de escasos recursos por los aumentos generalizados que se avecinan.
