Brasilia.-El veto parcial de la presidenta brasileña, Dilma Roussef, al código forestal generó reacciones a favor y contra en el Congreso de parte de grupos ambientalistas y ruralistas.
El abogado general de la Unión, Luís Inácio Adams, destacó la víspera que Rousseff ejerció su autoridad constitucional para rechazar nueve puntos de la legislación aprobada por los congresistas en septiembre último.
Las críticas a una posible violación del proceso legislativo son infundadas, resaltó Adams al defender la autoridad legítima de la jefa de Estado, que le fue otorgada por el pueblo.
Tras rechazar varios acápites del texto forestal, la mandataria emitió un decreto que busca rescatar la parte original del texto, cuyas principales reglas de reforestación en las riberas del río fueron modificados por los parlamentarios.
Para el diputado (ruralista) Luiz Carlos Heinze, vicepresidente de Frente legislativo Agropecuario, los vetos de la gobernante son un retroceso para la agricultura del país y el desarrollo de ese sector.
Heinze dijo -según la Agencia Brasil de Comunicación-, que los congresistas llegaron a un gran acuerdo al aprobar el código forestal y ahora la presidenta lo viola al rechazarlo.
El legislador anunció que presentará ante el Tribunal Supremo Federal una acusación de inconstitucionalidad en contra de Rousseff por su veto.
Representantes del partido de la Social Democracia arremetieron igualmente contra la dignataria y notificaron que explorarán las vías legales de invalidar el decreto presidencial.
Contrario a estos pronunciamientos, diputados del Partido Verde elogiaron la decisión de la máxima autoridad del Ejecutivo federal y señalaron que con los vetos se rescató parte del contenido original del Código forestal.
Un comunicado de esa agrupación señala que de forma general, la jefa de Estado devolvió algunas garantías suprimidas por los legisladores.
Los vetos al proyecto de normativa se basan en tres principios: no a la amnistía, no fomentar la tala ilegal y garantizar la inclusión social en el campo alrededor de los pequeños agricultores.
La mandataria se opuso a la reducción del ancho de las líneas de forestación en el margen de los ríos exigidas a los productores medianos y la flexibilización de las áreas de preservación permanentes (APP) y reservas forestales.
Rechazó igualmente el acápite referido a la restauración de riberas, pues el texto aprobado por el Congreso determinó que los ríos intermitentes (cuyo curso tiene agua solo en un determinado periodo del año) hasta dos metros deben tener una recuperación de cinco metros de cualquier propiedad tamaño, aseveró.
Tampoco estuvo de acuerdo con la posibilidad de reconstruir zonas con el monocultivo de especies exóticas de la fruta como naranja y manzana.
