República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de prisión preventiva de América Latina y en sus cárceles conviven unos 23 mil reclusos, reveló una fuente oficial.
A juicio de la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, esa situación está llevando al sistema penitenciario dominicano al borde del colapso.
Según la funcionaria, el promedio de prisión preventiva en la mayoría de los países de la región está entre cinco y 15 por ciento, mientras que en Dominicana llegó al 68 por ciento en 2011.
Un año antes, el indicador fue de siete puntos superior, precisó Hernández entrevistada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano.
«Estamos en una situación grave y vergonzosa», agregó, tras recordar que en 2006, a dos años de la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal, la nación poseía 12 mil 706 presos.
Tenemos un gran reto, aseveró, pues existen cárceles del nuevo y del tradicional modelo penitenciario que están absolutamente sobrepobladas.
«Las altas cifras existentes en estos momentos expresan la gravedad de la prisión preventiva en nuestro país», recalcó.
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura modificaciones al Código Penal, y esa decisión provocó opiniones encontradas entre juristas. Diversos abogados consideran que no basta con transformar la norma para endurecer las penas, si la medida no va acompañada de elementos dirigidos a la disminución del delito. Otros criterios entienden que los cambios se adaptan a la realidad de la nueva tendencia criminal del país.
Entre las propuestas de la norma aparecen elevar la pena máxima de 30 a 40 años, establecer prisión para el feminicidio por la última cantidad de tiempo, y penalizar la invasión y ocupación de tierras. También se pretende castigar el secuestro de 20 a 30 años, y fijar penas de cuatro a 10 a los adultos que lleven a menores de edad a cometer delitos.
Hasta el momento, el robo se sancionará con penas de cuatro a 10 y de 11 a 20 años de cárcel, y multas de siete a nueve y de 10 a 20 salarios. Cuando dicho delito sea precedido, acompañado o seguido de la muerte de la víctima las sentencias serán de 20 a 30 años de prisión, y multas de 20 a 30 salarios.
