El auge delictivo y los innumerables atracos perpetrados en motocicletas tienen a la población dominicana asustada; pero, confiada en que funcionará la iniciativa de regular la operación del tránsito en motoconchos presentada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).
Según datos ofrecidos por las autoridades, en el país existían registrados, hasta diciembre del 2011, unos 2,917.573 vehículos, de los cuales 1,481.255 son motocicletas; es decir, más del 50.8% del parque vehicular.
Un censo desarrollado por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), indicó en 2010, que 46,344 motoconchistas prestan servicios en un total de 5,274 paradas. El estudio reflejó que 1,444 estaciones pertenecen a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde trabajan de manera informal 12, 906 personas. El sondeo también destacó que solo el 15% cuenta con la debida documentación para transitar.
Otros dato que llama la atención es que de unas 500 mil multas que fueron impuestas por los agentes de Amet, solo un 3% fue pagada, lo que refleja que los motoconchistas buscaron la forma de librarse de las sanciones.
Normativa
Luego de cientos de querellas en las distintas fiscalías barriales y destacamentos policiales, el director de Amet, Juan Gerónimo Brown Pérez, presentó a la sociedad dominicana un plan para regular el transporte público en toda la geografía nacional, denominado “motoconcho”.
Esta estrategia regresa a los medios luego que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, planteara en su cuenta de Twitter la necesidad de normar ese sector vehicular.
El programa contempla que todos los motoristas que transiten con 2 personas y sin placas, serán retenidos y llevados al Canódromo, así como varios requisitos entre lo que se enumeran: buena condiciones del asiento, frenos, muffler, espejos retrovisores y neumáticos.
Una medida que no se refleja en el estatuto es la condición de las luces, lo que llama la atención de nuestro multimedios DominicanosHoy, debido a que una gran cantidad de motores están circulando sin la iluminación de lugar, tanto en la parte delantera como trasera, lo que dificulta la visibilidad para el peatón y el conductor.
La redacción de este periódico digital ha constatado que los atracadores les están quitando las luces a los motores para no ser vistos, ni identificados por las víctimas. También ponen en marcha los vehículos y los apagan, a fin de no ser escuchados y facilitar sus fechorías.
Vigilancia
Las autoridades de la Amet enviaron a las calles del Gran Santo Domingo unos 2,111 agentes, además de los 980 que existen en la actualidad, con la finalidad de intervenir puntos neurálgicos de esa ciudad; entre ellos: las avenidas Charles de Gaulle, Matías Ramón Mella, España, Venezuela, el Kilómetro 9, Las Américas, y otras intersecciones importantes.
En el Distrito Nacional, la cantidad de efectivos policiales rondan los 3,000, lo cuales estarán diseminados en los principales barrios y urbanización donde el flujo de vehículos de este tipo es notorio.
Con esas acciones, la Amet entiende que dará respuestas a las inquietudes planteadas por la vicepresidenta, así como a la sociedad que en los últimos años se ha visto afectada por los antisociales que usan este transporte para realizar sus tropelías.
Proyecto de ley
El 15 junio de 2010, el diputado perredeísta por La Romana, Eugenio Cedeño, reintrodujo al Congreso un proyecto de ley que buscaba ordenar y reglamentar el servicio del transporte de motocicletas en todo el país.
La iniciativa establece que los ayuntamientos serían los encargados de dotar a los conductores de licencias de conducir, para lo cual los solicitantes deberán ser mayores de edad y residir en el municipio donde prestarán el servicio.
Además, haber aprobado los estudios primarios, no estar siendo procesados, o cumpliendo condenas y participar en un curso de capacitación con una duración de no menos 20 horas, acerca de cómo deben comportarse y las normas que corresponden respetar.
Señala la propuesta que quienes se dediquen al transporte de personas en motos, sin estar autorizados para ello, serán castigados con una multa igual a la duodécima parte del salario mínimo del sector público, prisión de 10 días, o ambas penas en caso de reincidencia.
El proyecto de ley contempla que para el conocimiento de las infracciones a las normativas, será competencia de los juzgados de paz ordinarios, o los especiales de tránsito.
El artículo 13 del proyecto relativo a medidas transitorias, estipula un plazo de seis meses a las alcaldías, a partir de la promulgación de la ley, para que preparen las estructuras y mecanismos que coadyuven a su implementación.
Motoconchos y usuarios
Trabajadores del concho y usuarios han acogido la medida como sensata, por entender que los malhechores desvirtúan ese oficio, saliendo a las calles a delinquir, usurpando el verdadero rol de motoconchistas.
Mason Heredia, quien se gana la vida en esta actividad, en la comunidad de Sabana Grande de Boyá, afirma que la regulación es una buena decisión de las autoridades, puesto que la criminalidad ha tomado este trabajo para realizar sus faenas.
Carmen De Peña, trabajadora doméstica en el sector de Arroyo Hondo, ponderó como necesario el estatuto, ya que las paradas de conchos son tomadas como camuflaje por los antisociales para pasar desapercibidos cuando cometen crímenes y asaltos.
Rosa Serrano, ama de casa, aseguró que si se cumple de manera fiel con esta disposición, los niveles de criminalidad y robos se reducirían en un corto plazo y la ciudadanía disiparía el temor de salir a las calles.
Ojalá que este precepto de la Autoridad Metropolitana de Transporte no se quede solo como publicación en los medios de comunicación y se logren corregir los males que desde este sector laboral informal, han llenado de luto y temor a la población dominicana en sentido general.
