El director ejecutivo de Casa Abierta ve con acierto la propuesta de reubicar la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el Ministerio Público y no de la Presidencia de la República como lo plantea la Constitución.
Raddamés de la Rosa sostuvo que el procurador Francisco Domínguez Brito tiene razón cuando plantea, apoyándose en la Constitución de la República: “que cada una de las direcciones generales o cualquier tipo de dependencia debe estar adscrita a un ministerio”; contrario a otras reacciones que catalogan la propuesta como absurda.
La propuesta apoyada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha generado respuestas contrarias. Sin embargo desde Casa Abierta se está de acuerdo con el fondo de la propuesta del Procurador, puesto que se necesita ir en esa dirección, no lo está con relación a la propuesta en sí.
De la Rosa, catalogó como una equivocada sobreestimación de sus jerarquías haber situado como dependencias de la presidencia de la República mediante la ley 50-88, a la DNCD, como al Consejo Nacional de Drogas (CND).
“Es una secuela del autoritarismo que ha imperado en la nuestro país que sitúan al Presidente de la República casi como un emperador que debe tener control de todo. Esto ha sido muy negativo para el desarrollo social y político de nuestra sociedad”. Subrayó.
Dijo además que el problema del tráfico ilegal de drogas es un asunto de orden público, es un tema de policía, más que de la Seguridad del Estado.
Destacó que la DNCD deber es una policía especializada (no como la ilegal Dirección Central Antinarcóticos -DICAN, de la Policía Nacional), sino un organismo que su Junta Directiva esté presidida por el Ministerio de Interior y Policía, con la participación de representantes calificados del Ministerio Público, de la Dirección de Aduanas, de la Policía Nacional, del DNI, de la Dirección de Fronteras, y otros.
Señaló que lo mismo debe pasar con el Consejo Nacional de Drogas, pues el consumo de drogas, legales e ilegales, es un tema de salud, el cual entiende, debe tener una Junta presidida por el Ministerio de Salud, con la presencia de los Ministerios de Educación, Juventud, Mujer, y otros.
“La política de drogas en nuestro país, si es que existe una, sí que es un gran absurdo que solo puede mostrar como discutibles éxito las cárceles llenas de personas, la gran mayoría de los sectores más empobrecidos de la sociedad, y los nombrados “duros golpes” al tráfico de drogas, que sin embargo, nunca han logrado detener el flujo de sustancias ilegales al país, ni lo harán en el actual esquema de interdicción”.
Crítico la conducta de los organismos del estado responsables de las acciones estatales contra las drogas, los cuales según dijo han estado tradicionalmente enfrentados en vez de colaborar.
De la Rosa, también reprocho la conducta impositivita del anterior procurador para apoderarse de los fondos de la ley 72 – 92, en contra de la DNCD, el CND, y las entidades sociales, dijo que se ha buscado protagonismos ridículos, y muchas veces, intereses económicos espurios, por encima del interés nacional.
“Por muchos años desde Casa Abierta hemos planteado la necesidad de hacer una radical revisión de lo que estamos haciendo en materia de drogas, para definir una real, verdadera, eficiente política de estado en la materia.
El director ejecutivo de Casa Abierta y especialista de la conducta, concluyo diciendo que, no solo es cambiar de lugar a una u otra institución, es hacer coherente todo el sistema.
