Colombo.- El gobierno srilankés rechazó las declaraciones de la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre la reciente destitución de Shirani Bandaranaike como presidenta del Tribunal Supremo.
En una carta a Pillay que hoy reproducen medios de prensa aquí, un alto funcionario de la cancillería la acusó de cometer una «flagrante injerencia en un problema de un país soberano» y de fundarse en comentarios, insinuaciones y hechos erróneos, agravado «por el tenor inadecuado de su lenguaje».
El viernes pasado, la funcionaria de la ONU expresó su profunda preocupación por la suspensión de Bandaranaike y calificó el juicio político que se le siguió como «una burda interferencia en la independencia del poder judicial» y un retroceso desastroso para el estado de derecho en el país.
Pillay también comentó que Sri Lanka tenía «una larga historia de abusos del Poder Ejecutivo» y manifestó sus dudas sobre la independencia e imparcialidad del nuevo presidente del Tribunal Supremo, Mohan Peiris.
El representante permanente de la isla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Kshenuka Seneviratne, le hizo notar que el contenido de sus declaraciones revela que «ni usted ni su oficina tienen comprensión de las disposiciones de la Constitución de Sri Lanka».
Seneviratne apuntó que el proceso de destitución se realizó a tenor con lo dispuesto por la Carta Magna del país y que con su interferencia Pillay transgredió «las normas básicas que deben ser observados por un perspicaz funcionario internacional».
Una actitud que -dijo- deja en mal lugar los principios de imparcialidad e igualdad esperados del sistema de Naciones Unidas.
Bandaranaike fue separada del cargo luego que una comisión parlamentaria la encontrara culpable de no declarar nueve cuentas bancarias, comprar de manera fraudulenta un apartamento a nombre de una hermana, e influir en un proceso legal que por presunta corrupción se le seguía a su esposo, expresidente de un banco.
La propuesta de destituirla fue aprobada en el Parlamento por 155 votos a favor, 49 en contra y 20 abstenciones, una decisión que luego confirmó el presidente Mahinda Rajapaksa.
El caso concitó la «preocupación» de Estados Unidos y otras potencias occidentales, so pretexto de que el poder ejecutivo había violado la autonomía del judicial.
