Se cuentan por millares las personas provenientes de los diferentes estratos sociales y puntos de la geografía nacional, afectadas por el caos provocado por la lentitud en los fallos de ratificaciones de actas del Estado Civil, de carácter judicial en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La problemática surge luego de la creación de la figura del alto tribunal, el 23 de enero del 2011, puesto que su artículo 13 de la sección tres, numeral seis, de la Ley 29-11 -orgánica TSE-, le facultad para conocer y emitir sentencias sobre ese aspecto. Asimismo, procesar las decisiones tomadas por la Junta Central Electoral (JCE), de cada municipio y Distrito Nacional.
Diariamente, ciudadanas y ciudadanos se ven afectados por la “desorganización” y demora en los dictámenes, que según personas constatadas por este multimedios DominicanosHoy, les ha costado empleos, visas, así como de recibir pensiones y herencias.
Viacrucis
Uno de esos casos más penosos lo atraviesa la señora Silvia Montaño, viuda de Féliz Matos, quien desde el pasado 18 de diciembre se mantiene esperando un pronunciamiento de revalidación, a fin de poder cobrar una pensión; pero, no se ha dado la audiencia.
La dama narró que constantemente se traslada desde el sector Los Americanos, de Los Alcarrizos, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, a la sede de la corte, sito Centro de Los Héroes, Distrito Nacional, en busca de respuestas; sin embargo, todo su esfuerzo ha sido en vano.
La mujer dijo sentirse angustiada y desesperada, debido que a sus 70 años, con lo único que cuenta es con los fondos de la retribución que le corresponden de su difunto esposo, Felinardo Féliz Matos; sin embargo, un error en el orden de los apellidos, le ha impedido conseguir los recursos para su sustento diario.
Montaño clamó: “A mí me está llevando ¨Mayeya¨, es decir, la necesidad. Y yo quiero ese documento listo y así resolver legalmente el cobro de los honorarios que me corresponden de mi fallecido marido, que permaneció toda su vida en el Ejército Nacional”.
El viacrucis recorrido por Silvia Montaño ha sido largo y tedioso, pues en diferentes oportunidades tuvo que trasladarse a la Oficialía Civil de la JCE, en la provincia de Barahona, en busca de obtener un acta de nacimiento de su fenecido cónyuge y luego apoderar a un abogado para que realice los trámites de lugar.
TSE
Según los jueces del Tribunal Superior Electoral: Mariano Rodríguez Rijo, presidente, y John Newton Guiliani, miembro titular, en la actualidad ese órgano desarrolla el trabajo de 65 salas civiles del país y admiten que las sanciones de actas tardan más tiempo que cuando el asunto se establecía mediante la Junta Central Electoral.
Datos del TSE arrojan que desde el tres de enero de 2012, hasta el 7 de febrero del presente año, han recibido unos 7 mil 484 casos, de los cuales solo mil 071 fueron enmendados y quedan pendientes de sentencias cerca de 5 mil 060.
Ambos magistrados coinciden que entre los problemas que ocasionan las demoras de los dictámenes se encuentran: la falta de recursos para la contratación de personal en materia jurídica, el área de la redacción de las sentencias y el poco espacio. El Tribunal Superior Electoral labora en el quinto piso de las viejas instalaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el cual resulta pequeño.
También que algunas de las actas civiles tienen que contar con las investigaciones técnicas y científicas certificadas por Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para evitar validar documentos a personas que se hayan realizado cambios de sexo y a ciudadanos que tengan problemas judiciales y puedan usar ese recurso con la finalidad de burlar la justicia.
¿Va usted a certificar un acta del Estado Civil en el Tribunal Superior Electoral? Lo primero es que debe tener tiempo (años si es necesario), dinero –muchos miles-, y una paciencia inagotable; allí pasará “las de Caín”, puesto que cobró vida el viejo adagio que reza: “En vez de un bien, lo que se hizo fue un mal”, cuando pasaron esa labor desde la Junta Central Electoral, al alto tribunal contencioso.
