Guatemala.- Seis acciones legales están pendientes de resolución en la Corte de Constitucionalidad y otra en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el juicio anulado contra los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez, acusados en Guatemala de genocidio.
De los pronunciamientos al respecto dependerá la reanudación del debate oral y público, anulado el pasado 18 de abril por orden de la jueza Carol Patricia Flores.
Interrogado sobre este caso, un español miembro de un Grupo de Apoyo de Paz, Fermín Rodrigo, aseguró estar en contra de los delitos de lesa humanidad, aunque prefirió evitar una opinión técnica por respeto a la legislación guatemalteca.
En diálogo con Prensa Latina, Rodrigo se manifestó a favor de las víctimas del Ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996) y recordó que ha visitado Guatemala desde la década del 90 del pasado siglo, cuando aún estaba pendiente la firma de los Acuerdos de Paz (diciembre de 1996).
Ríos Montt y Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia, son acusados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales del asesinato de mil 771 indígenas de marzo de 1982 a agosto de 1983, período durante el cual el primero gobernó de facto.
La fuente evocó que estuvo en este país centroamericano en 1993 como voluntario de las Brigadas Internacionales de Paz.
Asistí, agregó, a una marcha protagonizada por integrantes de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), en la cual se trataba de verificar que el Ejército acorraló a civiles y los señaló de ser guerrilleros.
«Vinimos 430 personas de todo el mundo, en representación de diversas organizaciones. Estuve en una CPR del Ixcán (municipio del noroccidental departamento de El Quiché). Pude ver a sobrevivientes de algunas masacres perpetradas por militares», indicó.
Cuando comenzó el proceso de reconstrucción de memoria histórica, apuntó, con mucho gusto nos sumamos a esa iniciativa, y continuamos la difusión de lo percibido en esta nación.
El Grupo de Apoyo del cual formo parte, precisó, está constituido por ciudadanos que pertenecemos a diferentes asociaciones de la sociedad civil catalana.
