No hace muchos años el sistema de salud público español era un símbolo del “orgullo nacional”. Informes internacionales como el realizado en 2010 por la revista norteamericana Newsweek situaban a España entre los 20 países con mejor sanidad del mundo. “Un modelo a seguir”, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Providence de Estados Unidos.
Pero ahora, esa imagen “ejemplar” comienza a desdibujarse. Con la crisis han venido los recortes en los presupuestos públicos dedicados a este sector y los profesionales y pacientes de los hospitales públicos enfrentan, un día sí y otro también, una larga lista de problemas: retrasos en las operaciones y tratamientos, así como trabas legales y económicas que buscan, según los críticos con la política de recortes, la privatización encubierta de una de las joyas de la corona de la sociedad del bienestar que España había creído construir en los últimos tres decenios: una sanidad pública, universal y de gran calidad.
Un panorama complejo
Al menos esa es la percepción mayoritaria de los profesionales y pacientes de la sanidad pública española que han visto cómo estos últimos años de crisis económica la calidad y los servicios que ofrecen los hospitales y centros de salud han disminuido.
Hay algunos datos que avalan esta afirmación: el gasto en salud ha caído 10% en tres años desde 2010, esto equivale a unos seis mil 700 millones de euros menos. Se ha despedido a personal y eso ha provocado que las listas de espera para operaciones aumenten, entre 2010 y 2011, 17%, según datos del Sistema de Información de Listas de Espera español.
Además, todas las asociaciones médicas españolas denuncian que las ayudas a los enfermos (especialmente crónicos, discapacitados y ancianos) se han reducido y muchos hospitales han cerrado quirófanos para ahorrar. También, el personal médico y de enfermería de la mayoría de los centros de salud ha sufrido reducción de salarios.
Una gestión regional
En España, la gestión de la salud pública recae en los gobiernos regionales de cada una de las autonomías y el gobierno central sólo juega un papel de “árbitro” y repartidor de unos recursos económicos cada año más escasos.
La activista Esther Vivas opina que actualmente los españoles se enfrenan a la “dictadura de la cartera”. Reflexiona que “a partir de ahora hay que pagar para que te operen cuanto antes, pagar para que te trasladen en ambulancia, pagar por una habitación individual y una butaca reclinable en el hospital, pagar, pagar y pagar. Así se resume el futuro de nuestro maltrecho sistema sanitario. Con la crisis todo tiene un precio, y la sanidad no es una excepción”.
Vivas sostiene que al contrario del discurso oficial, hoy más que nunca “hay que apostar por una sanidad pública” porque “no es un gasto sino una inversión”.
Madrid, caso extremo
Todas las regiones españolas están aplicando severas medidas de recortes en el gasto sanitario, pero Madrid es la más destacada. El gobierno regional madrileño pretende privatizar la gestión de seis hospitales públicos y de algunos centros de salud. Según los responsables políticos de Madrid, esto conseguiría “un importante ahorro” ya que, en la actualidad, el gasto sanitario per cápita de estos hospitales asciende a 600 euros (unos 10 mil pesos) y, con la privatización de todos sus servicios, se reduciría a 441 euros (unos 7,400 pesos). Para la Consejería de salud madrileña, la crisis económica y la reducción del presupuesto sanitario les obliga a tomar estas medidas.
La sanidad es un gran negocio
Pero este plan del gobierno de Madrid ha provocado grandes protestas en todo el sector sanitario. Médicos y sindicatos aseguran por el contrario que la gestión de un hospital a través una empresa privada es más cara.
“Los hospitales privados funcionan como compañías, con inversores que arriesgan su dinero, y quieren obtener beneficios. Nosotros no queremos que eso sea respaldado con dinero público”, explica la doctora Amelia Fernández del Hospital La Paz de Madrid.
Los médicos aseguran que la clave del negocio está en derivar a los pacientes con tratamientos costosos a los hospitales públicos, para mantener su margen de beneficios.
La Asociación de Facultativos Especializados de Madrid (AFEM) es una de las principales organizaciones que impulsa la llamada “marea blanca”, un movimiento de médicos, enfermeros, auxiliares y técnicos de la sanidad pública madrileña que se manifiesta desde hace meses contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales.
La AFEM asegura que esta privatización significará que la atención de cerca de 1.5 millones de madrileños pase a manos de empresas. Un portavoz de esta asociación consultado por Excélsior plantea que este proceso “no supondrá ahorro, saldrá más caro” a los madrileños y que “no asegura la mayor calidad real posible” en la atención al paciente.
A favor de ahorrar
Los médicos y enfermeros en España forman un colectivo de 500 mil personas y sus máximos responsables han advertido a los políticos españoles que “no van a permitir que se desmantele” el sistema nacional de salud pública. “Estamos muy preocupados”, han admitido estas semanas los máximos representantes de los Colegios de Médicos y Enfermería, Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado, respectivamente.
Ambos presentaban en Madrid el documento “Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, fruto de las encuestas a más de nueve mil personas, entre médicos, enfermeros, ciudadanos y 80 expertos.
Medidas para ahorrar
Entre las medidas que más ahorro lograrían para el sistema destacan la compra centralizada de medicamentos, la armonización de competencias entre las distintas administraciones regionales españolas o la creación de una agencia estatal de calidad que evalúe las novedades que se van incorporando al sistema de salud.
Las medidas de ahorro que plantea este documento no son ninguna novedad, pero los colectivos llevan años pidiéndolas sin éxito. Para los profesionales de la medicina española serían una mejor solución que los recortes actuales, pero, de momento, los gobernantes españoles no las toman demasiado en cuenta.
Sanidad pública ¿en venta?
Desde la asociación Yo sí Sanidad Pública, un movimiento de desobediencia civil que surgió a raíz del decreto (el 24 de abril de 2012) que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos, afirman que lo que está pasando no es un problema de recortes, sino de cambio de modelo.
Explican que los gobiernos conservadores del PP quieren “eliminar el derecho universal a la salud”. Y alertan que “así como ha habido una burbuja inmobiliaria, ahora habrá una sanitaria. Más rentable que la inmobiliaria, porque en la vida quizá te compres una casa o quizá no, pero al médico vas por fuerza. Con lo cual todos somos clientes potenciales (unos más rentables que otros) de un nuevo modelo de sanidad privatizada”.
Incluso la revista internacional científica The Lancet, considerada como la “Biblia” del saber biomédico actual, avisó ya el año pasado en un artículo muy duro con las medidas de los gobernantes españoles que los recortes en la sanidad española podrían llegar a crear un problema “humanitario”.
Y es que hoy es difícil en España encontrar profesionales de la sanidad pública o estudiosos médicos que defiendan el modelo de recortes y privatizaciones que plantean los gobiernos regionales como Madrid, Valencia o Cataluña ya que, como ha escrito el sociólogo Pedro Díaz Cepero, muchos españoles piensan que “es un tremendo error histórico desmantelar, aun con todos sus defectos, uno de los mejores logros de nuestro recorrido democrático: la sanidad pública.”
