No es noticia que el Ministerio de Trabajo en el país haya asumido la realidad de que existe una gran cantidad de menores de edad realizando trabajos que ponen en riesgo  su integridad física, salud, desarrollo y primordialmente, el derecho a una educación adecuada.
 
Tampoco se tiene mucha fe en los encuentros internacionales que abordan el tema. Pero, todo parece indicar que en la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, clausurada este 10 de octubre en Brasil, primó el criterio de  que si siguen las cosas como van, la meta de erradicar ese flagelo para 2016 corre el riesgo de no ser alcanzada, tal y como aseguró el  director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.
 
No hay duda alguna de que la responsabilidad mayor de ese mal mundial y particularmente intenso en República Dominicana, recae sobre los estados que, como afirmó Ryder, en vez de “preparar disculpas”, debían acelerar el combate a lo que afecta a alrededor de 168 millones de menores trabajadores en todo el mundo, cifra reducida en un tercio en los últimos 10 años, pero nada alentadora aun.
 
El país  mantiene su compromiso de erradicar el trabajo infantil en 2020, y la fecha produce  un sabor muy amargo, porque son muchos años ya, empeñados en reducir esos más de 500 mil niños, niñas y adolescentes con edad entre 5 y 17 años que trabajan, muchos de ellos en situación de explotación sexual comercial, otros en labores peligrosas, en los basureros, o como vendedores ambulantes de drogas y todo tipo de sustancias.
 
El año 2020 se percibe como línea en el horizonte que prevé la erradicación de esta práctica infame, cuyo caldo de cultivo, la pobreza, persiste como principal causa.
 
Aun cuando la política más importante que debe librar un país es la de cuidar a sus niños y niñas y hacer hasta lo imposible por verles crecer en el estudio y la cultura, lamentablemente esa no es la realidad dominicana, que a propósito del debate por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, emitida el pasado 23 de septiembre, que manda a revisar la validez de la documentación de todos los hijos de extranjeros registrados como dominicanos desde 1929, no debía impedir jamás que un menor, sea cual fuere su lugar de nacimiento, deje de recibir el pan de la enseñanza.
 
En otros sitios del mundo, descendientes de dominicanos asisten a escuelas públicas. Debemos defender los derechos de la futura generación a formarse correctamente, estén donde estén.