Desde hace más de una década, en el Congreso Nacional descansa el proyecto de ley que regulará el aprovechamiento y protección del agua en la República Dominicana; pero, los legisladores de ambas cámaras aún no se ponen de acuerdo para su conocimiento.
En los últimos 30 años, el deterioro de la calidad del líquido y la creciente demanda de la población, así como los efectos nocivos de la contaminación, hace imperiosa una administración racional y eficiente para su aprovechamiento sostenible, como lo contempla la Ley número 5852, del 29 de marzo de 1962, sobre dominio de aguas terrestres y distribución públicas.
El país requiere con urgencia prever la demanda y la disponibilidad futura de ese recurso, a fin de elaborar los planes de desarrollo pertinentes, lo que exige la creación de un contexto institucional capaz de responder con dinamismo y efectividad a las necesidades de una sociedad y naturaleza cambiantes.
Costo
Según la proyección de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd), el manejo de las aguas residuales le costaría al país unos US$ 612 millones, solo para resolver la situación en el Gran Santo Domingo en 30 años de trabajo. Alejandro Montás, director de la Cassd, afirmó que solo el 5% de la población cuenta con servicios de alcantarillado sanitario.
Para solucionar esta dificultad a nivel nacional se necesita una inversión mínima de US$ 10 mil millones y garantizar el fluido correcto de los canales de riegos, implica un costo anual que rondaría entre los US$400 millones.
En tanto que el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), ingeniero Alberto Holguín, aseveró que la distribución de ese elemento, pese a las dificultades que presenta, debe estar dirigida por el Estado y no por el sector privado.
Resaltó que el Inapa está preparando un nuevo proyecto que sustituya al que se encuentra en el Congreso Nacional, porque incluye la privatización del servicio.
“Ese proyecto tiene 12 años en el Congreso. Si permitimos que ese elemento vital se privatice, como pasó con la electricidad, los resultados no serán los mejores, pues las inversiones en el sector agua son mayores y un déficit en el suministro tendría peores repercusiones”, destacó Holguín.
El funcionario expuso que los ciudadanos tienen que pagar por el servicio que se les ofrece y destacó que de pasar el servicio al sector privado, tendrían que cubrir la sostenibilidad financiera de los gastos operativos, la inversión en infraestructura, así como los intereses y beneficios de las empresas:“Por eso hemos solicitado al Congreso Nacional que nos permita hacer un iniciativa de ley que contemple que solo las empresas públicas participen en el suministro del agua”.
Senado
El propuesta de ley de Agua de la República Dominicana se encuentra en la Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara Alta y nuevamente se proyecta que perima.
Rafael Calderón, senador por la provincia de Azua, explicó que el escollo que ha tenido la iniciativa y que tuvo desde su introducción fueron los intereses que chocaron entre varias instituciones del Estado, especialmente en el sector público para controlar ese bien natural.
Calderón acotó que la ley debió ser aprobada y promulgada hace varios años, pero que eso no sucederá en esta legislación, lo que tendrá que ser introducida en el 2014, cuando el Congreso Nacional retome sus labores.
Marena
El director de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marena), ingeniero Domingo Rafael Brito, destacó el 12 de mayo del pasado año, que la calidad del recurso es más preocupante que la cantidad disponible, puesto que cuando se contamina un acuífero su purificación es muy lenta y los métodos más efectivos son difíciles de implementar.
“La República Dominicana cuenta con cuatro mil caudales transitorios y permanentes, entre los principales ríos. Por lo que el mantenimiento de los ecosistemas de las zonas altas de montañas, y su biodiversidad son esenciales para el ciclo del agua”, señaló Brito.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que 783 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, lo que equivale a un 11% de la población del planeta, sin contabilizar a millones de seres humanos que todavía no poseen servicios de saneamiento.
Los parlamentarios dominicanos aprobaron la iniciativa que declara el 22 de marzo como “Día Nacional del Agua”, y promulgada por el Poder Ejecutivo, mediante la Ley número 137-13, el 13 de septiembre del presente año; pero, la realidad social que vive la nación con respecto al apreciado líquido y las residuales, demanda de manera urgente una mayor inversión para su preservación y consumo.
