Samaná.- El Ministerio Público informó que apelará otra decisión del Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, relativa a una medida de coerción que favoreció a otros tres supuestos narcotraficantes, a quienes impuso garantías económicas de entre RD$300 y RD$50 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La medida fue impuesta por la jueza Manuela Acosta a los imputados Marino Liriano Guzmán, Wilson Lorenzo Peña Rosario y Rafael Arturo Polanco Ozoria, alias Raulín.
La Procuraduría Fiscal de Samaná, que dirige Robert Justo, acusa a los procesados de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, luego que le ocupara cinco paquetes de un polvo blanco, con un peso aproximado de 12 libras y media, que se presume es cocaína.
Según expuso el Ministerio Público la supuesta droga le fue ocupada a los imputados el 25 de diciembre del pasado año 2013, durante una requisa al vehículo tipo camioneta Mitsubishi, modelo M-200, color blanco, en el que transitaban por el sector Los Mangos del municipio de Sánchez, provincia Samaná.
De acuerdo al expediente presentado por el Ministerio Público, la sustancia, envuelta en material plástico color negro con cinta transparente, fue hallada en el asiento trasero del vehículo, donde además encontraron una pistola marca Bersa, color negro, calibre 9 mm, serie 631999, con su cargador y 5 cápsulas, así como dos celulares.
La Procuraduría Fiscal de Samaná también informó que apelará otra reciente decisión adoptada por la jueza Manuela Acosta, la cual varía la medida de coerción de un año de prisión preventiva impuesta a tres imputados acusados de narcotráfico internacional, al ocupárseles el pasado año la cantidad de 264.97 kilos de cocaína.
La decisión que favorece a Bruce Alan Roberts, de nacionalidad norteamericana, y a los dominicanos Juan Tirso Bisonó Hiraldo y Carlos López, establece que éstos deberán pagar una garantía económica de RD$100 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Durante el desarrollo de la audiencia, celebrada en fecha 8 de septiembre de 2012, la Procuraduría Fiscal presentó acusación por violación a los artículos 4D y E, 5ª, 28, 59, párrafo II y III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, siendo el caso declarado complejo.
