La justicia mexicana tiene pendiente dictar tres sentencias en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, por diez delitos. Estos procesos penales seguían su curso en 2001, cuando el narcotraficante se fugó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde purgaba condena de 20 años y nueves meses, que era la suma de otros tres procesos resueltos.
Por la fuga de El Chapo, ocurrida el 19 de enero de 2001, 49 días después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de México, fueron sentenciadas 51 personas.
Entre estas 51 personas había custodios, personal administrativo y los directivos del penal, incluyendo a Leonardo Beltrán Santana, entonces director del penal, sentenciado a 18 años y 4 meses, pero que recobró su libertad el 26 de junio de 2010. Beltrán Santana estuvo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
De esos 51 sentencias siguen en prisión cinco personas: Francisco Javier Camberros Rivera, conocido como El Chito (personal de mantenimiento), sentenciado a 25 años y 8 meses; Carlos Fernando Ochoa López (subdirector adjunto de Seguridad y Custodia), 19 años 6 meses; Samuel Salcedo Enríquez (subdirector de Seguridad Externa), 18 años y cuatro meses; Jesús Vizcaíno Medina (subdirector adjunto de Seguridad y Custodia) a 18 años y cuatro meses y Jaime Leonardo Valencia Fontes (reo en Puente Grande y operador de El Chapo), 16 años.
Camberros Rivera, El Chito, y quien trabajaba como personal de mantenimiento en el penal de Puente Grande, fue la persona que mayor sentencia obtuvo por la fuga de El Chapo: 25 años de prisión, que purga en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
El Chito fue condenado a purgar ese número de años el 30 de junio de 2006, por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, Salvador Guillermo González, al encontrarlo culpable de ser el intermediario de El Chapo y los custodios que allanaron su fuga.
Cuando fue detenidoEl Chito aceptó que únicamente fue él quien ayudo a El Chapo. El Chito contó al juez de la causa que ayudó a Joaquín Guzmán a escapar escondido en un carrito de lavandería. “Encontré al señor en el cubículo médico del módulo tres. Yo iba con un carrito en el que llevaba desechos. El señor Guzmán me dijo que si lo podía apoyar para sacarlo. Le respondí que sí, ¡como va! Le dije que se subiera al carrito y lo tapé con maderas, balastras, lámparas y colchas”.
El día de la fuga de Joaquín Guzmán, la totalidad del personal de Puente Grande quedó arraigado. Al cabo de varias horas, la Procuraduría General de la República (PGR) dejó bajo vigilancia a 71 elementos, para después consignar a 51.
De acuerdo con el boletín 050/01 del 29 de enero de 2001, la PGR informó que el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a solicitud de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, concedió el arraigo judicial por 40 días a las 71 personas que fueron presentadas en la Ciudad de México ante el Ministerio Público de la Federación.
Entre los arraigados estaban Beltrán Santana; el subdirector de Seguridad y Custodia, Luis Francisco Fernández Ruiz; el subdirector de Seguridad Externa, Samuel Salcedo Enríquez, así como los subdirectores adjuntos de Seguridad y Custodia, Jesús Vizcaíno Medina y Carlos Fernando Ochoa López.
Luis Francisco Fernández Ruiz, quien era subdirector de Seguridad Interna de Puente Grande, en el momento de la evasión, tuvo una condena de ocho años de prisión. Los otros 48 procesados fueron castigados con penas carcelarias de entre seis y ocho años, que ya pagaron.
Debe 12 años
De acuerdo con el expediente del narcotraficante que fue capturado en el amanecer del sábado pasado en un departamento de Mazatlán, Sinaloa, los tres procesos por los que se le acumularon 20 años y nueve meses de prisión son a partir del proceso penal fechado el 4 de febrero de 1997, cuando el juez primero de distrito en Jalisco había absuelto a El Chapo de los delitos de asociación delictuosa y cohecho.
La Procuraduría General de la República (PGR) de inmediato se inconformó y pasó a un tribunal de segunda instancia.
El tercer tribunal unitario del tercer circuito en Jalisco consideró que el juez primero de distrito en Jalisco se había equivocado y cambió la sentencia de absolución por una de siete años y nueve meses de prisión, esto el primero de agosto de 1997.
El segundo proceso penal seguido a El Chapo Guzmán tuvo una sentencia de siete años de prisión. Mientras que el tercero, por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión y tráfico de cocaína, acopio y portación de armas de fuego, daño en propiedad y ataques a las vías generales de comunicación, derivados del homicidio del cardenal Juan Josús Posadas Ocampo, ocurrido el 23 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, El Chapo recibió una condena de 7 años.
Estos tres procesos suman 20 años y nueve meses de prisión, de los cuales Guzmán Loera pasó ocho años encarcelado, por lo que debe aún 12.
Los otros tres procesos penales pendientes de sentencia en contra de El Chapo Guzmán se fincan en los supuestos delitos de homicidio, contra la salud, tráfico de influencias, asociación delictuosa, portación y acopio de armas de fuego, contra la administración de la justicia, secuestro, uso indebido de insignias y usurpación de funciones.
Además de las nuevas responsabilidades que se le pueden fincar al narcotraficante, luego de haber permanecido fugado durante 13 años y 34 días.
