Un grupo de 16 presos de ETA enfermos o mayores de 70 años han comenzado los trámites para solicitar su excarcelación o acercamiento a cárceles vascas, según informó el diario Gara en su edición del miércoles.
En las solicitudes tramitadas de forma individualizada ante Instituciones Penitenciarias, los presos detallan sus afecciones y exponen su adhesión a la declaración de diciembre de 2013 del EPPK (siglas en euskera de Colectivo de Presos de ETA) en la que renunciaban a la utilización de la violencia y asumían su responsabilidad por sus actuaciones en el pasado.
«Renunciamos al empleo del método utilizado en el pasado (…) Nuestro compromiso con el nuevo escenario es absoluto y nos reafirmamos en nuestra decisión de fortalecerlo y consolidarlo», sostenía el texto de diciembre, según Gara.
El final de la dispersión de los presos ha sido una de las reivindicaciones políticas más antiguas desde el entorno de la banda desde que esta medida se pusiera en marcha hace 25 años.
ETA anunció en octubre de 2011 que abandonaba la lucha armada, tras más de 40 años de violencia en la que ha causado más de 800 muertos para intentar lograr un País Vasco independiente.
En la última parte del trámite, cada uno de los 16 presos de ETA incluye los argumentos jurídicos para sustentar su demanda con referencias tanto al marco legal español o francés, como al internacional.
«La política carcelaria aplicada a los vascos no tiene parangón alguno en esta parte de Europa», sostiene parte del trámite, según Gara.
En su solicitud, los presos hacen referencia al artículo 100.2 de la legislación penitenciaria española, en el que se introduce el «principio de flexibilidad» y que podría permitir en ciertos casos el paso de modo progresivo del segundo al tercer grado.
SEIS MESES DE PLAZO
Siete presos de ETA con enfermedades graves se han ido acogiendo en el pasado a esta posibilidad que incluye la ley y que les ha permitido seguir cumpliendo condena en su domicilio.
Las peticiones de cambio de grado van dirigidas a la Junta de Tratamiento de su prisión. Debe ser esta junta, un órgano formado por educadores, médicos y funcionarios, quienes emitan un informe valorando la petición en un plazo máximo de seis meses.
Finalmente, es a Instituciones Penitenciarias a quien corresponde la concesión o no del cambio de régimen. El Gobierno del presidente Mariano Rajoy ha asegurado que no cambiará las políticas de dispersión mientras ETA no se disuelva.
En el caso de los presos condenados por delitos de terrorismo, la ley penitenciaria (artículo 72.6) establece, entre otras condiciones, que para la progresión al tercer grado deberán realizar una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.
El pasado 28 de diciembre, el Colectivo de presos de ETA hizo público un comunicado en el que anunciaban su decisión de acogerse a la legalidad penitenciaria y hacerlo de forma individual. Hasta ese momento todas las peticiones del colectivo se habían venido realizado en grupo, y todos aquellos que decidían acogerse a beneficios penitenciarios de forma individual eran expulsados del EPPK.
En febrero, dos de los interlocutores del Colectivo ya anunciaron que los presos de ETA pedirían su traslado a la cárcel alavesa de Zaballa, ubicada en la localidad de Nanclares de la Oca y en la que están recluídos una veintena de presos disidentes con el colectivo.
En aquella entrevista con Gara, Soledad Iparragirre y Jon Olarra avanzaban además que el EPPK había realizado una clasificación para que las peticiones de acercamiento no se realizaran todas a la vez, sino en función de situaciones y años de cárcel.
ETA escenificó en febrero la inutilización de una pequeña parte de su arsenal ante un grupo de verificadores internacionales, que ha sido considerado insuficiente por el Gobierno, y se ha comprometido a llevar hasta el final este proceso.
