La diputada de ultramar, Adelys Olivares, declaró que le está dando seguimiento a la denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y la Comisión de Derechos Civiles de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico, de que las fuerzas locales del orden continúan con sus intervenciones violentas en negocios de inmigrantes criollos y hostigamiento que suponen violaciones de sus derechos humanos.
Recordó que uno de los incidentes más recientes ocurrió el pasado 1 de mayo cuando policías entraron armado a un establecimiento en Bayamón y le reprocharon al comunicador José Negro Matos, «Tú no eres de aquí, tenías que ser dominicano, hay que deportarlo».
Otro caso similar fue el de la empresaria Ana Blanca Coll, nacida en República Dominicana y residente en Puerto Rico desde sus 11 años, quien confesó ser víctima de los abusos de agentes locales, quienes en tres meses han entrado agresivamente y sin motivos aparentes a sus negocios. «Es un patrón. Lo que hacen es entrar con actitud y preguntar por nuestros permisos».
En tal sentido la legisladora indicó que es partidaria de que los dominicanos que violen la ley deben ser penalizados, pero en justicia, sin violar sus derechos y sin llevarlos al grado de humillación.
“Estamos coordinando con las organizaciones denunciantes y demás personas víctima de discriminación, a fin de levantar nuestra voz de protesta ante la Cancillería de la República Dominicana para que de Estado a Estado se demande un trato justo a los dominicanos de la isla.
Sostuvo que los dominicanos contribuyen con su trabajo al desarrollo de la economía borinqueña y se han integrados de diferentes manera a esa sociedad, la cual han elegido como su segunda patria.
