La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la existencia de graves distorsiones en el funcionamiento interno de la Jurisdicción Inmobiliaria, escenario que expone al sistema a que en menos de dos años colapse.
La entidad alertó sobre un aumento desbordado de expedientes, dilación en los registros de títulos, mora judicial, falta de coordinación interinstitucional y carencia de recursos, elementos que por su complejidad tienen amplio efectos negativos.
En un informe entregado al presidente de la SCJ, Mariano Germán, la Finjus explica que la crisis que afecta a ese importante eje de la seguridad jurídica y la economía nacional, es debido al estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgación de la Ley 108 de 2005 de Registro Inmobiliario.
«A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria», dice.
Sostiene la Finjus que si bien es cierto que el proceso de reforma alcanzó avances visibles, no menos es la existencia de distorsiones que ameritan la intervención del Poder Judicial.
Mencionó entre ellas, la larga duración de los procesos de deslinde, el traslado o sustitución injustificadas de técnicos especializados, debilidades en el sistema de estadísticas, vacíos legales y técnicos en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (Dnmc), y la falta de aplicación del diagnóstico catastral descrito en el Reglamento General de Mesuras Catastrales.
