No bien el gobierno se salió debajo de las patas de los caballos al hacer aprobar una ley destinada a terminar con el escándalo internacional que provocó la absurda sentencia que dejó sin nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, el Congreso Nacional le está preparando un segundo atado al cuello del presidente Danilo Medina y al país con aquello de declarar a Loma Miranda parque nacional.
 
De aprobarse definitivamente la iniciativa de declarar a Loma Miranda parque nacional, el gobierno dominicano se verá en la obligación de indemnizar a la minera con una suma que difícilmente sea menor a los 170,000 millones de pesos por derechos adquiridos de la minera Falcondo.
 
Y tendrá que hacerlo amigablemente si respeta la Constitución o lo obligarán a hacerlo mediante arbitraje internacional porque a ninguna empresa en el mundo se le puede pedir que pierda su inversión legítima simplemente porque un Estado cambió las reglas del juego solo para perjudicarla.
 
No hay la menor duda de que Falcondo puede probar fehacientemente que los parques que tienen cerca de 60 años de existencia van a ser agredidos por el propio gobierno en concierto con el Congreso Nacional, en el mismo momento en que se creó uno nuevo para impedirle ejecutar un proyecto en una de sus propiedades en que le fue otorgada una concesión para exploración, lo que implica que el Estado no tendría objeción para que si se descubrieran minerales, explotarlos.
 
Nadie puede suponer que el Estado le permitiera a Falcondo explorar a Miranda para que si descubría minerales comercialmente explotables decirle: alto ahí, eso no se puede minar, lo vamos a declarar parque nacional.
 
Está clarísimo que si el Congreso Nacional declara a Loma Miranda parque nacional, solo está ocupado en perjudicar las inversiones de Falcondo (socio 50-50 con el Estado dominicano) porque en cerca de 60 años de preocupación por el cuidado de las áreas más sensibles del país, a nadie se le había ocurrido proteger al promontorio de Miranda, situado a tres kilómetros de la autopista Duarte y a una altura de 710 metros sobre el nivel del mar.
 
En un arbitraje internacional sobrarían argumentos en favor de Falcondo porque el mismo Congreso Nacional que aprueba una ley que declara parque nacional a Loma Miranda es el que aprueba el Presupuesto General de la Nación en el que se asignan miles de millones de pesos para explotar los parques nacionales Armando Bermúdez (creado en 1956), José del Carmen Ramírez (en 1958), Nalga de Maco y Manolo Tavárez Justo (de más reciente creación) para dar paso a la carretera San Juan-Santiago que ha anunciado públicamente el gobierno dominicano para iniciar próximamente.
 
De manera que aquí se puede crear un parque nacional en un promontorio de 710 metros sobre el nivel del mar para impedir la extracción de níquel en la superficie y empleando solo equipos mecanizados, pero el gobierno puede destruir con voladuras de dinamita y operaciones de tractores cientos de kilómetros en los parques nacionales más viejos y en la cordillera más alta de las Antillas, que sirve aguas a la planicie de la Línea Noroeste, a los valles de San Juan y Neiba, así como a gran parte del centro de Haití, sin que nadie se pregunté cuál es el valor de la ley y dónde está el Estado de derecho.
 
Un Congreso Nacional que aprueba las leyes impositivas que tiene que pagar la masa asalariada y los chiriperos, pero que a su vez se asigna en forma individual un “barrilito” para sostener la clientela que los lleva a ganar elecciones cada cuatro años, no debía sorprender a ningún turista que visita el país que las leyes relativas a las áreas protegidas se apliquen de manera selectiva a una empresa de inversión extranjera exactamente cuando el gobierno va a destruir gran parte de ellas en los lugares más vulnerables de la Isla de Santo Domingo. Dudo mucho que el presidente Danilo Medina promulgue una eventual ley que declare a Miranda parque nacional que no se puede afectar y a la vez prosiga su agitado curso en el plan de destruir parte importante de los más antiguos e importantes parques nacionales de la cordillera Central.
 
Si hay un solo legislador que se respete, el día que se apruebe que Miranda sea declarado parque nacional debe someter un proyecto de ley para declarar suprimidos los parques nacionales Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, Nalga de Maco y Manolo Tavárez Justo, entre otros, porque sería inexplicable que se impida a Falcondo “dañar” el parque nacional Loma Miranda y se permita que el gobierno reviente los dos parques nacionales más importantes del país con la aprobación de fondos (quise decir préstamos) por los mismos honorables legisladores.
 
Más descaro de ahí, imposible. Si este país no es un manicomio en regla, le falta poco.
 
Y después hablan de nacionalismo cuando otros nos ponen en evidencia nuestras miserias institucionales en plena era de la globalización y las tecnologías de las comunicaciones.