El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue interrogado por un juez federal que investiga si participó en la compra irregular de una compañía que imprime papel moneda para el Estado.
La comparecencia, que duró algo más de seis horas con intervalos, marcó la primera vez en la historia reciente del país sudamericano en que un alto miembro del Poder Ejecutivo en funciones es citado por la justicia como imputado.
La causa judicial ha ocupado durante más de dos años la primera plana de las publicaciones críticas de la presidenta Cristina Fernández, golpeando su popularidad.
«Todo lo que sucedido hoy (lunes) tiene que ver con el análisis técnico jurídico de la causa. Las cuestiones políticas (…) yo me las guardé para otra instancia. Voy a ampliar esta declaración», dijo Boudou a la prensa a la salida del tribunal.
«Pude exponer todo y cada uno de los puntos», agregó. La ampliación de la declaración «va a ser pronto», sostuvo.
La investigación se centra en si Boudou usó sus influencias para ayudar a la compañía impresora Ciccone a salir de la quiebra en 2010, cuando era ministro de Economía, y luego la adquirió a través de un misterioso fondo de inversión llamado The Old Fund.
El vicepresidente, quien además ocupa la presidencia de la Cámara de Senadores, no fue acusado formalmente en el caso. El funcionario ha asegurado que es inocente y que es víctima de una campaña mediática en su contra.
Por su calidad de vicepresidente, Boudou podría ser juzgado pero no detenido, a menos que sea destituido por el Congreso. Esto es poco probable, dado que ambas cámaras están controladas por el oficialismo.
El juez federal Ariel Lijo citó al vicepresidente para este lunes luego de que Boudou pidió adelantar su comparecencia pautada para el 15 de julio, cuando podría estar ejerciendo la presidencia por un viaje al exterior de Fernández.
