Los excesos de poder y abuso en las investigaciones y persecuciones por parte de la Policía Nacional figuran entre las preocupaciones más comunes de las organizaciones de los derechos humanos nacionales e internacionales, así como de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y el Senado.
Desde fundas negras con cebollas en la cabeza, planchas calientes, guías telefónicas, como escudos vulnerables para golpear sin que queden marcas, pero sí daños internos, entre otras técnicas, son algunos de los supuestos instrumentos de investigación utilizados por la Unidad de Investigación de la Jefatura Nacional, a fin de obtener declaraciones.
Pese a los esfuerzos de diferentes entidades gubernamentales por cambiar la deteriorada imagen de la fuerza del orden público, no ha sido posible, debido a las constantes acusaciones de la ciudadanía y personas procesadas, que afirman que han sido torturadas durante interrogatorios.
En los primeros seis meses del presente año, decenas de personas han revelado a los medios de comunicación los atropellos recibidos por la uniformada en allanamientos, interrogatorios y persecuciones. Otros ni siquiera pudieron defenderse ante la acción de la justicia, debido a que fueron asesinados en supuestos intercambios de disparos.
Casos
Una testigo en el juicio que se les sigue a varios dirigentes del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel), declaró que recibió maltratos durante interrogatorios para aclarar la muerte del coronel de la Policía Nacional Julián Suárez Cordero.
“Me agarraban por el pelo; me daban con un palo por la cabeza, pronunciaban palabras obscenas, que no me sentiría bien expresándolas aquí”, manifestó Pamela Jerónimo Ercia, a la prensa, luego de ser interrogada sobre el caso de la muerte del teniente de la policía.
“No me permitieron leer el documento que firmé, me amenazaban con que si no firmaba me iban a matar y a mi esposo también”, puntualizó Jerónimo Ercia.
Subrayó, además, que estuvo secuestrada e incomunicada, tiempo durante el cual la testigo fue sometida a presiones y diferentes tipos de torturas, circunstancias en las cuales se produjo el interrogatorio, sin que se le permitiera leer los documentos incriminatorios.
En fecha 27 de enero del 2014 durante la pesquisa sobre el paradero del empresario mocano, Ramón Sánchez, quien apareció muerto en La Vega días después, el juzgado dispuso un examen médico al imputado Winston Antonio Rosa Zala, tras verificar en su cuerpo lesiones, producto de las torturas recibidas.
En pleno juicio al imputado le bajaron los pantalones para que el juez observara como le habían quemado con una plancha caliente.
La exmiss República Dominicana, Carlina Durán (Carola), mediante su cuenta de Twitter, denunció el pasado 02 de Abril 2014: «Hoy supe lo que es que me apunten con una pistola luego de sobarla y amenazarme de disparar @PolicíaRD @Domínguez Brito». El siguiente tweet detallaba el porqué del hecho: «Todo por pedirle a dos oficiales que nos permitieran parar en la claridad.
«No bastó que hubieran testigos, grabamos todo, tomamos fotos y ellos seguían golpeando despiadadamente a mi novio», afirmó Carola.
Un caso que pone en tela de juicio el respeto de la uniformada a los derechos humanos es el de Randy Vizcaíno González, quien se encuentra desaparecido misteriosamente hace casi siete meses, luego de ser arrestado en el sector Los Frailes y trasladado al destacamento del kilómetro 13, de la Autopista Las Américas. Familiares del joven visitaron el 5 de mayo 2014 al Jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo en busca de respuestas
El proceso más reciente ocurrió durante el rescate en La Caleta, Boca Chica, del adolescente Eddy Junior Luna, de 16 años, el 23 junio del 2014. Las personas detenidas por el hecho narraron que en el proceso fueron ultrajadas, maltratadas y golpeadas a fin de que admitieran su supuesta participación.
PGR se pronuncia
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, al ser abordado por reporteros de este multimedios DominicanosHoy sobre el tema, llamó a las personas afectadas por abusos policiales a hacer sus denuncias en la fiscalía de su sector, tras recordar que la tortura no es el método establecido en las investigaciones del Ministerio Público y la institución del orden.
Las declaraciones de Domínguez Brito se producen luego de que varios individuos, acusados de secuestrar a un joven en el sector de Los Frailes, declararon que a la hora de su apresamiento, miembros de la Policía los habían golpeado, al punto que algunos no pudieron presentarse ante la justicia.
Esa misma opinión posee el presidente de la Comisión de Interior y Policía de Senado, Julio César Valentín, quien expuso que es un abanderado de realizar con cautela la investigación criminal: “Por esa causa defendemos que haya un supremacía del Ministerio Público en el proceso investigativo”, aclaró.
Valentín destacó que independientemente de la imputación que se haga, existen principios universales como la presunción de inocencia: “En un Estado democrático y moderno jamás puede recurrirse a mecanismos que sean contrarios a la Constitución y derechos de los individuos”.
No obstante, precisó que si bien hay que perseguir, prevenir y sancionar severamente a quienes incurren en violaciones a la ley, se debe hacer en el marco que establece la Carta Magna, mediante el código penal y las normas procesales: “Me preocupa que nuestro país esté entre los primeros lugares del mundo en casos de letalidad policial. Es decir, muertes violentas por agentes del orden”, acotó el legislador.
En tal sentido, el experto en materia de Seguridad Ciudadana, Daniel Pou, al ser contactado, mediante su cuenta twitter y abordado sobre el particular, explicó: “La persecución, no la investigación. Ahí se investiga muy poco”.
De igual forma, Pou indicó que “le corresponde a la Procuraduría investigar la veracidad o no de los casos, ya que son de acción pública”.
En la actualidad, el Senado de la República tiene en su agenda el conocimiento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Dicha iniciativa pretende establecer un marco regulatorio de todo el accionar de la institución.
En tal sentido uno de sus considerando establece que dada la naturaleza del servicio policial, se hace necesario que las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional puedan ser sometidas al escrutinio de la sociedad, mediante el establecimiento de un régimen disciplinario y ético que fomente una cultura de transparencia y rendición de cuentas para los miembros de la institución.
Asimismo, se impone el establecimiento de sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento del deber policial, conforme a principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a la ciudadanía.
Uno de los anhelos de la población es que la Policía Nacional puede cumplir con la misión que establece el artículo 5 de la ley orgánica que se conoce en el Congreso Nacional, la cual establece lo siguiente:
Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; Garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades; Prevenir acciones delictivas, perseguirlas e investigarlas bajo la dirección del Ministerio Público; Preservar el orden público; también velar por el respeto a la propiedad pública y privada; Prestar el auxilio necesario al Poder Judicial, al Ministerio Público, y a otras autoridades para el cumplimiento de la ley, y el desempeño de sus funciones; Promover la convivencia ciudadana y Colaborar con la comunidad en la identificación y solución de los problemas de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la consecución de la paz social.
